El propósito del embargo es asegurar un posible decomiso que permita cubrir el monto establecido por el fraude al Estado, aunque, por el momento, no implica la subasta ni el desalojo del inmueble.
La resolución fue firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, quienes han dispuesto una nueva fase de embargos cautelares sobre bienes inmuebles y activos societarios de los condenados en el expediente. El objetivo es garantizar la recuperación de los 685.000 millones de pesos considerados como perjuicio al Estado.
Dentro de los bienes embargados se incluye el mencionado departamento en San José 1111, en el barrio de Monserrat, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria. Este inmueble es propiedad de la sociedad Los Sauces, la inmobiliaria de la familia Kirchner, que también ha sido objeto de investigación en un caso por supuesta lavado de activos. Asimismo, el tribunal ha ordenado el embargo de los departamentos en Puerto Madero que eran alquilados por el empresario Cristóbal López y un extenso listado de propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez.
Los magistrados enfatizaron que esta medida es de carácter preventivo y no altera la titularidad registral de los inmuebles ni permite su remate de forma inmediata. Su objetivo es mantener la indisponibilidad jurídica de los bienes mientras continúa el proceso de decomiso definitivo, proceso en el cual deberán participar todas las partes involucradas.
Esta es la segunda etapa de la ejecución patrimonial derivada de la condena por la causa Vialidad. La primera fase incluye 111 propiedades cuyo decomiso ya fue solicitado por el fiscal Diego Luciani y autorizado por el Tribunal Oral Federal 2.
Este expediente se encuentra actualmente bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia e incluye 20 inmuebles de la familia Kirchner, 85 relacionados con Lázaro Báez y sus empresas, así como otros seis bienes pertenecientes a los restantes condenados.
