La subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, confirmó esta medida y cuestionó el reclamo argentino, argumentando que representa un “intento de socavar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica de los habitantes” de las islas.
En un comunicado difundido en redes sociales, la funcionaria británica defendió la actividad relacionada con la explotación de hidrocarburos, afirmando que “la actividad hidrocarburífera está regulada bajo la ley de las Falklands (Malvinas)” y se lleva a cabo en consonancia con el derecho internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
Kumaran también cuestionó la decisión del gobierno argentino y advirtió sobre las posibles repercusiones en las relaciones bilaterales: “No es un acto que refleje la responsabilidad de los compromisos internacionales”, señaló.
Además, intensificó sus críticas al afirmar que “ese comportamiento nos plantea preguntas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”. Reiteró la postura británica respecto al archipiélago, afirmando que las islas “son británicas, siempre defenderemos los derechos de los isleños a la autodeterminación” y destacó que “el Reino Unido continuará hombro con hombro junto a ellos para defender sus deseos, su economía y su derecho a definir su futuro”.
La convocatoria a Plaza se produjo en el marco del anuncio de Javier Milei de iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido por la extracción petrolera en las proximidades de las Islas Malvinas, un paso rechazado por Londres.
Milei comentó que, si las autoridades británicas no cumplen con el requerimiento argentino en un plazo de dos semanas, el Gobierno solicitará a un tribunal internacional la implementación de medidas provisionales para resguardar los derechos soberanos que reclama el país.
El presidente expresó que el propósito de estas acciones es detener “el saqueo ilegal” de recursos argentinos en el archipiélago, que se encuentra bajo administración británica desde su ocupación en 1833 y cuya soberanía es reclamado por Argentina.
Esta disputa por los recursos naturales ha vuelto a tensar las relaciones bilaterales. En paralelo al arbitraje, la Cancillería argentina ha intensificado sus acciones contra empresas e inversores involucrados en los proyectos de extracción de hidrocarburos en la zona.
Hasta el momento, el Palacio San Martín ha enviado alrededor de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países y ha iniciado unos 60 procedimientos administrativos relacionados con estas actividades. Asimismo, el Gobierno ha presentado al menos tres denuncias penales ante tribunales argentinos contra diez compañías petroleras, incluidas varias de capitales británicos, israelíes y canadienses, así como contra sus directivos.
