Estados Unidos insta a Argentina y Reino Unido a reducir la tensión por Malvinas

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó que el país norteamericano buscaría desescalar una posible crisis entre Argentina y el Reino Unido relacionada con las Islas Malvinas antes de considerar cualquier intervención. Waltz, quien formó parte de la administración de Donald Trump, fue consultado por un medio británico sobre la postura de Estados Unidos frente a un hipotético conflicto armado en el Atlántico Sur y si se brindaría apoyo militar a Gran Bretaña. El diplomático no se comprometió a responder de manera afirmativa o negativa, subrayando que dicha decisión compete al presidente estadounidense. “Es una decisión del comandante en jefe”, afirmó, añadiendo que no adelantaría una posible determinación de Trump. Manifestó: “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”. Además, Waltz destacó las relaciones que Washington sostiene con ambos países, describiendo a Argentina como “una gran amiga de Estados Unidos” y recordando la histórica “relación especial” con el Reino Unido. En cuanto a un posible apoyo militar, Waltz evitó profundizar: “En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al Presidente”. Estas declaraciones del embajador surgen tras la incertidumbre generada por Trump respecto a la posición de Estados Unidos ante la disputa de soberanía. A finales de agosto, al ser consultado sobre una posible revisión de la postura norteamericana respecto a las Malvinas, Trump mencionó que estaba evaluando “cada posición”. Posteriormente, al ser preguntado sobre un eventual conflicto, mostró dudas sobre la capacidad o la disposición británica para desplegar fuerzas tan lejos, aunque no formalizó un cambio en la política estadounidense. El primer ministro británico, Andy Burnham, abordó el tema directamente con Trump en su encuentro en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de septiembre. Burnham aseguró: “Vamos a mantenernos firmes frente a cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los habitantes de las Falklands a la autodeterminación y a seguir siendo británicos”, afirmando que Trump entendió su posición. Esta nueva tensión diplomática se centra en el proyecto petrolero Sea Lion, que es desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno argentino sostiene que estas actividades carecen de autorización nacional y, el 4 de septiembre, inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, ampliando en cuatro días más a otros 15 sujetos. Adicionalmente, la Casa Rosada presentó una denuncia penal contra distintas compañías relacionadas con dichas actividades y envió un proyecto al Congreso para endurecer las sanciones contra la explotación de recursos sin autorización argentina. La tensión aumentó aún más el 28 de septiembre, cuando el presidente Milei instruyó a la Cancillería y equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo es prevenir la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion y evitar nuevas autorizaciones en los espacios marítimos reclamos por Argentina. Navitas posee un 65% del proyecto, mientras que Rockhopper posee el 35%, argumentando que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y respaldo del Gobierno británico, con la primera producción de petróleo prevista para 2028. Asimismo, una jueza federal argentina ordenó en septiembre interrumpir las tareas relacionadas al proyecto hasta que se realice una evaluación ambiental, un punto de conflicto dado que la capacidad de ejecutar dicha resolución fuera de la jurisdicción argentina es debatible. La postura oficial de Argentina sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto a sus espacios marítimos, forman parte del territorio nacional, mientras que el Reino Unido continúa administrando las islas, afirmando que sus habitantes tienen el derecho a decidir su estatus político.