La sesión se llevará a cabo en la sala de reuniones situada en el segundo piso del edificio Anexo “C” de la Cámara de Diputados. Comenzará con las exposiciones de los autores de las distintas iniciativas, seguido del turno de los especialistas, un equipo compuesto por líderes de think tanks, consultoras y exfuncionarios del Banco Central, todos vinculados de alguna manera al peronismo, el macrismo y el oficialismo. La intención de este grupo es desactivar la sesión convocada por la oposición, programada para el miércoles venidero.
Este movimiento se inscribe en una estrategia más amplia discutida durante la reciente reunión de Gabinete, donde Javier Milei volvió a tomar la palabra y reiteró que la mora que afecta a casi 6 millones de personas es “un asunto entre privados”. Durante esa sesión, Patricia Bullrich propuso la necesidad de transparentar el costo real de los créditos. Por su parte, Luis Caputo dio a conocer la implementación de créditos hipotecarios financiados por ANSeS, con límites en las tasas de interés, mientras que el BCRA publicó una serie de “consejos” para quienes decidan asumir deudas.
La delegación de expertos que ha sido convocada al Congreso contará con figuras relevantes, entre las que se destacan Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa); Osvaldo Giordano, extitular de ANSES durante la gestión de Milei y actual presidente del IERAL asociado al peronismo cordobés; y Mariano Flores Vidal, exdirector del BCRA y miembro de la consultora Hyperion, cercano al equipo de Federico Sturzenegger.
También se contará con la presencia de Pablo Curat, exdirector del BCRA y cercano al exministro de Economía Alfonso Prat Gay; Martín Tetaz, economista y exdiputado nacional por la UCR/JxC; Víctor Ruilova, miembro de la consultora FMyA dirigida por Fernando Marull; Arturo Pozzali, doctor en Ciencias Económicas y defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad; y Matías Huala, abogado y miembro de la Cámara Argentina Fintech.
La mayoría de los expositores han sido citados por la agrupación La Libertad Avanza, aunque algunos lo han sido por bloques aliados como Provincias Unidas, PRO y UCR. Todos ellos comparten la postura oficial de que no es conveniente intervenir con regulaciones que limiten la expansión del crédito. Además, en términos generales, eximen al Gobierno de la responsabilidad sobre el aumento récord de la morosidad y, en ciertos casos, aceptan medidas que propicien una mayor transparencia en el mercado.
De acuerdo con un informe del IERAL, en los últimos dos años la morosidad de las familias ha mostrado un aumento significativo, aunque se argumenta que el inconveniente no es el exceso de endeudamiento, sino la falta de un mercado crediticio más profundo en Argentina. Según el estudio, el crédito bancario destinado al sector privado representa apenas el 16% del PBI, en comparación con cerca del 75% de países como Brasil y Chile.
El trabajo también sostiene que el cambio de régimen económico que se produjo en 2024 generó una fuerte expansión del crédito, pero la rápida disminución de la inflación ha eliminado el mecanismo de licuación de deudas, mientras que las tasas reales permanecen elevadas. En este contexto, ingresos debilitados, tasas de interés altas y cuotas más pesadas han llevado a un aumento en la irregularidad en los hogares, que subió del 12,77% al 12,94% en julio.
De manera consistente con los bancos y fintech, numerosos economistas convocados coinciden en considerar que la mora es un “fenómeno transitorio”. El IERAL sostiene: “En economías con baja profundidad financiera como la que experimenta Argentina, regulaciones voluntaristas o excesivamente rígidas generan el efecto contrario al que se busca: provocan una disminución en la disponibilidad de financiamiento. Esto resulta en un menor acceso al crédito y costos más elevados”.
Los proyectos impulsados por la oposición incluyen mecanismos destinados a aliviar las deudas de familias y empresas, ofreciendo facilidades de pago a tres años, así como condonaciones y límites en las tasas. También fomentan la reestructuración de deudas para quienes tomaron créditos UVA, mayores controles sobre el sistema financiero y el regreso de los créditos de ANSeS, financiados mediante impuestos a los bancos y a las plataformas financieras.
