El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó que el Poder Ejecutivo aplicará medidas punitivas contra los prácticos marítimos que mantienen una protesta en las principales terminales portuarias del país. Ravier enfatizó que esta actividad constituye un “servicio esencial” cuya interrupción incrementa significativamente el “costo argentino”. Según el funcionario, las sanciones se encuentran en proceso de definición inmediata, subrayando la obligación de estos profesionales de garantizar la continuidad operativa para evitar una carga logística excesiva que perjudique la competitividad y los precios finales al consumidor.
Impacto en el Sector Energético
La Cámara Argentina de Energía (CADE) advirtió sobre la parálisis de actividades en sus empresas asociadas, lo que ha afectado a más de 140 buques mercantes en puntos estratégicos como Campana, Dock Sud, Bahía Blanca y San Lorenzo. Esta situación compromete el arribo de petróleo crudo a las refinerías y la posterior distribución de combustibles. El riesgo de desabastecimiento es particularmente crítico en la Patagonia sur, donde los márgenes operativos de algunas plantas han caído a 24 horas. Además, la suspensión de maniobras en Bahía Blanca ha frenado por completo las operaciones de carga de crudo destinadas a la exportación.
El Origen de la Disputa
La controversia se sustenta en el Decreto 690/2026, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que busca desregular un régimen de practicaje vigente desde 1991. El Gobierno pretende fomentar la entrada de nuevos actores para reducir costos, pero se enfrenta a una compleja resolución del conflicto: las agrupaciones de prácticos carecen de personería gremial. Esta particularidad legal impide que el Ministerio de Trabajo pueda encuadrar la protesta bajo una conciliación obligatoria, obstaculizando las vías tradicionales de negociación colectiva.
