La auditoría, cuyos resultados fueron accesibles, evalúa los sucesos en la exAndis durante la gestión previa hasta el 21 de agosto de 2025, momento en que el Gobierno destituyó al director de la agencia, Diego Spagnuolo, junto a otros funcionarios. El informe examina pagos a droguerías, cuentas por cobrar, fondos de caja chica, equipos tecnológicos, contratos, personal y declaraciones juradas. En relación al desfase, se indicó: “Se constató una diferencia de $158.717.131.557,63, entre los listados de la Deuda Exigible”.
La discrepancia se originó a partir de dos consultas realizadas en la exAndis que arrojaron resultados contradictorios. Los auditores requirieron información sobre pagos y deudas a dos áreas clave: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). En el análisis del desfase de $158.000 millones, fue la DNASS la que reportó una deuda significativamente mayor.
Esta dirección está bajo la lupa del fiscal Franco Picardi, quien investiga un supuesto fraude por coimas que alcanzarían el 20%. Según el fiscal, los procesos de compra de la DNASS presentan evidencias de “sobreprecios sistemáticos, falta de procedimientos administrativos adecuados y prácticas que comprometen la transparencia, eficiencia y legalidad de la gestión pública”.
Además, la auditoría evidenció potenciales imprecisiones en los datos brindados por la DNASS. Desde este departamento reconocieron que “tanto los importes como la clasificación de los mismos puede haber sufrido variaciones por errores involuntarios de carga de los prestadores”.
Una fuente familiarizada con la operativa de la exAndis, que fue consultada, comentó sobre el desfase que no es un fenómeno inusual, aunque destacó que el monto es “significativo”. Explicó que “la DNASS asume y se compromete a pagar, pero luego carece del presupuesto y todavía esa deuda, para ser reconocida por la DPYC, debe atravesar un sistema administrativo que no siempre se completa”. En su experiencia, la compra de medicamentos de alto costo, incluidos en el programa PACBI, “a menudo genera estas cuestiones: autorizas el pago y luego se presentan todos los papeles”.
La auditoría no especificó la composición de la “deuda no registrada”. Consultadas, fuentes oficiales aseguraron que “el Ministerio de Salud ha facilitado a la Justicia toda la información requerida y seguirá colaborando con la investigación”.
En este sentido, la causa judicial ha identificado compras de PACBI para sustentar las acusaciones contra los imputados. Un caso ejemplar es el del medicamento Macitentan, que en licitaciones abiertas se ofreció a $411.764, pero que fue adjudicado en cerca de $8,3 millones en licitaciones reducidas (con menos oferentes) en noviembre de 2024.
Según personas cercanas a Spagnuolo, este “no seleccionaba proveedores, no invitaba ofertantes, no abría licitaciones, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo al sistema SiiPFIS”. No se obtuvo respuesta al intentar contactar al director de la DNASS, quien había afirmado ante la Justicia que “no hubo desvío de fondos” y negó haber participado en un “esquema de sobreprecios”.
La auditoría también advirtió sobre la metodología de pago. Se constató que hasta la fecha de corte, el Organismo continuaba utilizando la figura de Legítimo Abono para efectuar pagos por bienes o servicios ya entregados, incumpliendo las disposiciones del artículo 24 del Decreto N° 1023/2001. Esta norma establece que para las contrataciones estatales se deben llevar a cabo licitaciones públicas o concursos públicos. El informe reveló que “solo se han iniciado seis procedimientos de compras” mediante esta figura.
La figura de Legítimo Abono se refiere a “la aprobación de gastos no gestionados a través de procedimientos formales”, según un dictamen de la Oficina Nacional de Contrataciones. El documento aclara que “ante la efectiva prestación del servicio y/o entrega de los bienes por parte de la persona interesada, es equitativo promover su retribución”, aunque también reconoce que no es una práctica óptima. Advierte que la falta de cumplimiento de los procedimientos “no solo afectará la transparencia en la gestión de fondos públicos, sino que además dificultará la búsqueda de las mejores opciones en términos de precio y calidad”.
Si bien la auditoría no especificó qué pagos se realizaron bajo esta modalidad, sí cuantificó las sumas recibidas por cada proveedor por la adquisición de medicamentos e insumos, que totalizaron $479.504 millones entre 2024 y 2025 hasta el 21 de agosto. El proveedor que mayor monto recibió fue Suizo Argentina, con $108.258 millones vinculados a medicamentos del programa PACBI. Fuentes de la empresa aseguraron que “Suizo es una firma centenaria que opera dentro de la legalidad y según altos estándares, y no está involucrada en los hechos investigados”.
En el marco de esta investigación, se dirige la atención hacia otras droguerías y proveedores de insumos ortopédicos, así como a presuntos agentes paraestatales que, al parecer, estaban al tanto de las contrataciones de la exAndis y supuestamente facilitaban coimas del 20%.
A su vez, la causa ha comenzado a investigar audios atribuidos a Spagnuolo que dieron origen a la controversia, donde se discuten irregularidades en la agencia y se menciona a Karina Milei. Tales grabaciones han sido cuestionadas por algunas defensas que buscan anular la causa.
