El viernes pasado, Burford también presentó su caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde espera que las circunstancias jueguen a su favor.
En cuanto a sus antecedentes con Repsol, es importante recordar que esta petrolera española había rechazado previamente el CIADI cuando se tomó control del 51% de las acciones en 2012. Finalmente, Repsol alcanzó un acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que incluyó un pago de aproximadamente US$6.000 millones para dar por resuelto el conflicto.
Burford fundamenta su reclamación en la supuesta violación del contrato tras la renacionalización de YPF, señalando que se alteró el acuerdo firmado durante la administración de Carlos Menem, en relación con los tratados de protección de inversiones entre Argentina, España y Estados Unidos. Los abogados argentinos se prepararon, anticipándose a esta posibilidad, desarrollando líneas de defensa desde el inicio de este proceso.
Uno de los argumentos centrales es que Burford ha optado por litigar en los tribunales estadounidenses, lo que debería descartar la posibilidad de recurrir a otro ámbito jurídico. Además, sostienen que la nacionalización de las acciones de Repsol ya fue resuelta y que los accionistas litigantes representan a empresas argentinas, lo cual ha generado controversia dado que Petersen Energía y Petersen Inversora están registradas en Madrid, y Burford adquirió este caso a través de un proceso de licitación.
De esta manera, el litigio entre YPF y Burford se extenderá a lo largo de este año y posiblemente hasta 2027, aunque se avizoran mejores perspectivas para el país en el contexto de los tribunales estadounidenses, mientras que ante el CIADI la situación puede ser distinta.
Burford ha obtenido importantes ganancias parciales en su reclamo, logrando exitosamente la venta de un 1% del éxito potencial de su demanda por aproximadamente US$4 millones en 2016, y otro 1% en 2017 por unos US$40 millones, además de un 35% en acciones en 2024. En total, ha conseguido cerca de 236 millones de dólares en estas transacciones, mientras que el costo inicial de adquisición de los derechos sobre el caso fue de tan solo US$15 millones.
Sin embargo, esta cifra es solo una pequeña parte en comparación con los US$20.000 millones que podría haber obtenido si no hubiera enfrentado el revés en la Cámara de Apelaciones. A pesar de sus logros, los inversores que adquirieron esas acciones ahora se verán obligados a asumir pérdidas significativas ante la volatilidad del mercado.
El origen del litigio se centra en el reclamo de Burford por cómo se llevó a cabo la nacionalización de YPF sin cumplir con la obligación de realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), estipulada en el estatuto de privatización de 1993 durante la presidencia de Carlos Menem. Tarificando así, el país se comprometía ante la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición en el futuro de acciones de la petrolera requeriría una oferta por la totalidad del capital.
Burford ha desarrollado un modelo de negocio basado en ofrecer financiamiento a litigantes de todo el mundo a cambio de la compra de derechos sobre sus demandas, esperando pacientemente la culminación de los procesos judiciales. Desde que comenzó a gestionar este caso en junio de 2013, ha enfrentado un prolongado tiempo de espera que podría extenderse aún más si la Corte Suprema decide intervenir, aunque sus pronósticos de éxito son bajos.
La controversia se origina en las supuestas pérdidas para los accionistas restantes tras la reestatización de 2012, tras el acuerdo de pago a Repsol por el 49% de YPF. Burford había adquirido derechos de litigio por parte de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, que no poseían vínculos con el grupo argentino desde su presentación en concurso en 2012. En ese contexto, el 11 de julio del mismo año, Burford anunció la compra de una participación del 70% en un caso similar contra Argentina e YPF.
Muchos consideran que la reestatización de la petrolera era necesaria, ya que Repsol no estaba canalizando suficientemente sus inversiones en el país. Al decidir la reestatización en 2012, el gobierno optó por compensar a Repsol sin hacer una OPA y eliminar el pago de dividendos a los accionistas. Esto llevó a que el Grupo Petersen enfrentara quiebra tras no poder realizar el pago, y Burford, en su búsqueda de derechos litigiosos, adquirió el caso por 15 millones de dólares, a través de un proceso de licitación.
