Ricardo Lorenzetti: “Desde el punto de vista jurídico, el tema Cristina Kirchner ya está cerrado”

El 10 de junio marcó el primer aniversario de la confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En este contexto, el sector que apoya a la actual titular del Partido Justicialista (PJ) solicitó su liberación en Parque Lezama. Sin embargo, el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, afirmó que el proceso ha sido concluido. “Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema. Nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay nada más que decir”, subrayó el magistrado al ser consultado sobre las críticas provenientes de la militancia peronista. Lorenzetti prefirió no emitir juicios sobre el contenido del fallo, aunque reconoció el descontento de quienes no comparten la sentencia. “Entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pueden manifestar sus opiniones, pero el proceso está terminado”, reiteró. En una entrevista posterior, el juez destacó la necesidad de salvaguardar el funcionamiento de las instituciones. “Debemos ser cuidadosos porque las instituciones han sido creadas para proteger a los débiles frente a los fuertes; si las desprestigiamos, lo que logramos es debilitar a la gente común que no tiene quien los proteja”, expresó. Lorenzetti insistió en que actuaron en este caso como en otros, detallando que el expediente llegó a la Corte mediante un recurso de queja que fue desestimado por deficiencias formales en la presentación. “Hay muchas cosas para criticar del Poder Judicial, pero no esa”, afirmó, sugiriendo que “todos estos casos merecen debate y hay críticas”. También destacó el impacto institucional de la condena, anotando: “No es deseable en ningún país del mundo el encarcelamiento de un ex presidente, porque representa una tragedia institucional”. En otro ámbito, el diputado Máximo Kirchner ofreció un fuerte discurso en la movilización en Parque Lezama, reclamando la liberación de la ex presidenta. Al referirse a las elecciones presidenciales, afirmó: “Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso”. “Queremos tener una candidata y no candidatos por default”, exigió el dirigente de La Cámpora, quien también criticó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por no haber visitado a Kirchner en su domicilio, donde cumple arresto domiciliario. Sin embargo, dentro del peronismo existe una corriente que considera que la condena es injusta, pero que no contempla recursos legales viables para revertirla. La senadora jujeña Carolina Moisés, una voz crítica dentro del kirchnerismo, subrayó durante una entrevista que “cualquier peronista que sostenga que hay que liberar a Cristina para que sea candidata, está en Disney. Es imposible. Nadie va a liberar a Cristina”. En su opinión, ni siquiera sería provechoso para la campaña electoral que el candidato sugiriera un indulto, ya que “no lo van a votar”, indicó. La senadora concluyó: “En un mundo ideal, Cristina debería estar libre y los peronistas ganar la próxima elección. Pero seamos realistas: hoy está condenada en última instancia. No hay más recursos a los que apelar. Ya está. Es injusto, hay lawfare, no corresponde; todo pasa por la corriente de la opinión”. Por otro lado, Lorenzetti mencionó la necesidad de reformar el sistema de concursos judiciales, advirtiendo acerca de los riesgos de manipulación en los procesos de selección de magistrados. También cuestionó la creciente influencia de intereses políticos en la designación de jueces. Según Lorenzetti, el problema de los concursos no se limita al ámbito federal, sino que también se observa en varias provincias. “Tienen la idea de que lo mejor es colocar a un amigo/a en el Poder Judicial”, criticó. El juez aclaró que, aunque respeta la función de la política, hay situaciones donde la transparencia y equidad de los concursos están comprometidas. “Cuando los concursos son manipulados y los candidatos deben contar con un padrino y recorrer diferentes sectores en busca de apoyo, eso no está bien; deben respetar el concurso y el mérito”, afirmó. En este sentido, consideró fundamental preservar la imparcialidad judicial, dado que la ciudadanía espera magistrados “que sean imparciales, no claudicantes”. Por esta razón, remarcó que la formación y trayectoria profesional de los candidatos deberían ser aspectos clave al momento de su designación. A finales de marzo, Lorenzetti y el juez Carlos Rosenkrantz presentaron un Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados, como parte de una estrategia de renovación institucional impulsada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Esta iniciativa propone un esquema destinado a fortalecer la calidad y la confianza en el sistema judicial, priorizando el mérito, la transparencia y la trazabilidad en los procesos de selección. En un contexto donde persisten más de 200 vacantes en el fuero federal, el nuevo reglamento buscará incorporar tecnología avanzada para la evaluación de candidatos, reduciendo la discrecionalidad y asegurando la objetividad en la calificación de antecedentes, donde se dará mayor importancia al rendimiento académico y al mérito real por sobre la burocracia. La prueba de oposición consistirá en una fase general con 120 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, evaluadas de forma automatizada, y una fase especial que incluirá ejercicios de razonamiento y resolución de casos. Este sistema permitirá mantener el anonimato durante las pruebas y la trazabilidad a lo largo de todo el proceso. Cada concurso contará con inscripción digital, continua y permanente, y los postulantes deberán crear un legajo digital individual que, garantizando la confidencialidad, será accesible para los participantes y las autoridades. Después de las pruebas escritas, los seis mejores puntajes avanzarán a una entrevista personal pública, con una puntuación máxima de 20 puntos. Esta propuesta ha recibido el apoyo de diversas entidades, entre ellas el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la asociación IDEA y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES). Una vez presentada, la iniciativa quedó sujeta a la evaluación del Consejo de la Magistratura.