Sin embargo, la paciencia en el ámbito internacional ha moderado las dificultades legislativas que enfrenta el oficialismo. La semana pasada, Estados Unidos retiró a Argentina de su ‘Priority Watch List’, una lista que incluye a países con deficiencias en el respeto a la propiedad intelectual, algo que no sucedía desde hace más de diez años. Además, el Gobierno obtuvo una prórroga que extiende hasta el 31 de mayo para culminar la negociación con los acreedores.
La adhesión al PCT forma parte de los compromisos adquiridos por Javier Milei en febrero, en el marco del acuerdo comercial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este tratado tiene como finalidad alinear a Argentina con estándares internacionales, siendo actualmente el único país del G20 y uno de los pocos en la región que no forma parte de este sistema.
Desde el Gobierno se sostiene que la ratificación del tratado facilitará y abaratará el proceso de registro de patentes en el país. En este sentido, un inventor argentino actualmente tiene 12 meses para decidir en qué países desea proteger su invención. Con el PCT, este plazo se ampliaría a 30 meses, brindándole más tiempo para asegurar financiamiento, evaluar diferentes mercados y definir su estrategia antes de asumir los costos del proceso.
Además, el PCT permitirá iniciar todos los trámites desde Argentina a través del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), sin necesidad de recurrir a oficinas en el extranjero, como sucede en la actualidad. También, se prevé una reducción significativa de los costos internacionales que, en algunos casos, podría alcanzar hasta un 90%.
El sistema permitiría al INPI fundamentar su decisión en informes técnicos de oficinas de otros países sobre una invención. Aunque estos informes no serían obligatorios y la decisión final continuaría siendo local, han surgido resistencias en este aspecto.
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) ha expresado su inquietud sobre la adhesión plena a su Capítulo II, que permitiría a otras oficinas influir en las opiniones sobre las patentes que deseen operar en el país. Su temor es que tales informes impacten las decisiones del INPI, empujando a Argentina a validar patentes que actualmente rechaza, un fenómeno conocido como ‘evergreening’, donde las grandes empresas extienden sus monopolios mediante modificaciones menores sin mejoras reales o innovaciones.
