La adhesión a la huelga variará entre provincias y colegios, lo que pone en duda el normal desarrollo de las actividades escolares y podría provocar paralizaciones dispar en el territorio nacional.
Esta medida de fuerza responde a un conjunto de reclamos salariales y laborales derivados de la congelación del salario mínimo del sector en 500.000 pesos durante el último año. Entre las principales demandas, CTERA exigió la apertura inmediata de la Paritaria Nacional Docente, incrementos salariales, la reactivación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo.
Además, los docentes manifestaron su rechazo a una posible reforma previsional y al proyecto de la “Ley de Libertad Educativa”, al tiempo que exigieron inversiones en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
A diferencia del paro total convocado por CTERA, los sindicatos docentes agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT) han optado por un plan de lucha alternativo que no incluye la suspensión de actividades escolares. Estas organizaciones llevarán adelante jornadas de trabajo a reglamento y clases informativas para abordar las cuestiones edilicias y salariales del sector.
Las autoridades de la central obrera han anunciado una conferencia de prensa para este lunes a las 14:00 en su sede, donde se revelarán detalles sobre una movilización hacia el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.
Ante este contexto de protestas, el Gobierno nacional ha indicado que fiscalizará el funcionamiento de las instituciones educativas para asegurar la continuidad del proceso educativo. Mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social llevará a cabo inspecciones en establecimientos educativos de todo el país.
El objetivo de esta medida es verificar el cumplimiento del artículo 101 de la Ley N.º 27.802, que considera la educación como un servicio esencial y establece que debe garantizarse un mínimo del 75% de la prestación habitual durante las huelgas.
Desde el ministerio dirigido por Sandra Pettovello advirtieron sobre las posibles consecuencias legales en caso de detectar irregularidades en las instituciones. “Si se verifica el incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones correspondientes”, precisó el comunicado.
Aunque la administración central reconoció que “la gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones”, subrayó el papel del Estado nacional como “garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que establece la Constitución”.
Finalmente, se instó a “priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes, cumpliendo con la normativa vigente sobre la esencialidad de la educación, para brindar previsibilidad a las familias argentinas”.
Este operativo de control se lleva a cabo en medio de un conflicto judicial sobre la aplicabilidad de la ley. Una medida cautelar dictada por un juzgado había suspendido temporalmente la declaración de educación como servicio esencial, aunque la apelación del Gobierno ha mantenido la vigencia de las limitaciones al derecho de huelga. En este escenario legal complejo, el Gobierno ha confirmado que mantendrá las fiscalizaciones programadas para el lunes.
