Gregorio Dalbón, letrado representante de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ha desplegado una estrategia contundente para desestimar las versiones que vinculaban al presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, con una supuesta pesquisa del FBI en los Estados Unidos. En una intervención mediática de alto perfil, el abogado no solo echó por tierra los rumores de una supuesta retención en la terminal aérea JFK de Nueva York o la presunta incautación de dispositivos tecnológicos, sino que enmarcó estos eventos dentro de una campaña de desprestigio orquestada contra la actual conducción del fútbol argentino.
Desde la perspectiva de la defensa de Tapia, existe una clara intencionalidad política que trasciende lo jurídico. Según Dalbón, el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, buscaría intervenir en la estructura de la AFA para facilitar una transición hacia un modelo de Sociedades Anónimas Deportivas, una postura que choca frontalmente con la idiosincrasia de las asociaciones civiles sin fines de lucro. El abogado enfatizó que la gestión actual ha alcanzado niveles de eficiencia financiera y logros deportivos inéditos, lo que, a su juicio, incomoda a quienes pretenden alterar el funcionamiento institucional del fútbol local.
Respecto a los documentos judiciales que circularon en el exterior, el letrado ofreció una aclaración técnica: se trataría del funcionamiento habitual de un gran jurado que investiga a terceros, sin que ello signifique, bajo ninguna circunstancia, que la figura de Tapia esté bajo la lupa de la justicia estadounidense. Esta distinción fue utilizada por Dalbón para denunciar la mala fe en la divulgación de las informaciones.
En la ofensiva contra quienes considera los impulsores de estas versiones, Dalbón identificó al empresario Guillermo Tofoni como el instigador principal. El conflicto, según la defensa, tendría un trasfondo netamente mercantil: una disputa por la organización de los amistosos de la Selección que Tofoni habría perdido y que derivó en litigios previos con resultados desfavorables para el empresario. Finalmente, el abogado anticipó que el terreno de juego se trasladará a los tribunales, advirtiendo que entablará demandas contra periodistas y medios de comunicación que hayan difundido datos falsos con conocimiento de causa, sentenciando que la responsabilidad editorial por las mentiras será exigida con todo el rigor de la ley.
