Este miércoles, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York comunicó a la jueza Pamela Chen su intención de convocar una audiencia para tratar la “resolución de los cargos contra los acusados”, refiriéndose a los Jinkis, quienes “residen en el extranjero”.
El pacto alcanzado por los Jinkis, similar al que había conseguido el ex gerente de TyC Alejandro Burzaco, se presenta como un precedente para Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y su tesorero, Pablo Toviggino, quienes están bajo investigación en Miami por presunto lavado de dinero a través de la empresa TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni.
La Corte del Sur de Florida espera la declaración del ex gerente de Comercialización de la AFA, Leandro Petersen, como testigo para avanzar en el caso, el cual se originó a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. También se menciona que Petersen podría estar negociando un acuerdo para evitar ser imputado en Estados Unidos.
El avance del caso de los Jinkis, a pesar de haber transcurrido una década, podría constituir un escenario hipotético para Tapia y Toviggino si la denuncia en la Justicia norteamericana progresara, según fuentes judiciales.
Hugo y Mariano Jinkis, quienes poseen la empresa de marketing Full Play, fueron acusados en 2015 de participar en una red de sobornos dirigida a funcionarios de las federaciones de fútbol de América conocidas como Conmebol y Concacaf, a cambio de los derechos de difusión y comercialización de diversos eventos.
Las autoridades estadounidenses prevén que los Jinkis “renunciarán a su derecho a una acusación formal por un gran jurado y serán acusados de cargos” relacionados con sobornos comerciales, aunque se espera que se declaren no culpables.
En un documento, la Fiscalía indicó que los acusados firmaron “acuerdos de procesamiento diferido adjuntos”, cuyo contenido debe ser validado por la jueza. Esto anticipa su cooperación y el cumplimiento de ciertas condiciones, que no fueron especificadas, y se espera que soliciten libertad bajo fianza.
Asimismo, fue publicada una “declaración de hechos” relacionada con estos acuerdos, que refleja que los Jinkis han aceptado la información presentada. Esta declaración menciona que utilizaron el sistema financiero estadounidense “para transferir decenas de millones de dólares” en contratos, aunque las organizaciones de fútbol recibieron un monto inferior y hubo transacciones asociadas a “sobornos comerciales”.
Los Jinkis se entregaron a la Justicia argentina en junio de 2015 y fueron detenidos por orden del juez Claudio Bonadio mientras se tramitaba su extradición a Estados Unidos, la cual fue impugnada por su defensa; dos meses después obtuvieron la libertad, cumpliendo condiciones que incluían arresto domiciliario.
Estados Unidos ha presentado cargos contra más de 50 personas de alrededor de una veintena de países en el escándalo de corrupción conocido como ‘FIFAGate’, aunque en los últimos meses se ha revocado las condenas de algunos acusados, lo que ha llevado a otros a pedir la anulación de sus sentencias.
En noviembre de 2015, Alejandro Burzaco, quien era el principal accionista y CEO de Torneos y Competencias, se declaró culpable ante la Justicia federal de Brooklyn de tres cargos: conspiración para cometer racketeering, conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. Aceptó haber pagado millones de dólares en sobornos a dirigentes de FIFA, CONMEBOL y otras organizaciones a cambio de derechos de televisación y comerciales de torneos. La investigación también reveló que Burzaco y sus socios acordaron pagar 30 millones de dólares al entonces presidente de la AFA y vicepresidente de FIFA, Julio Grondona, por los derechos de cuatro Mundiales.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Burzaco accedió a la confiscación de más de 21,6 millones de dólares asociados al esquema de corrupción. A diferencia de otros acusados, su colaboración con los fiscales estadounidenses lo convirtió en un testigo clave en el juicio contra otros dirigentes y empresarios.
Finalmente, el 12 de mayo de 2023, la jueza federal Pamela Chen lo condenó a “tiempo cumplido” por los tres cargos, considerando que había cumplido su pena con el tiempo de detención o restricciones judiciales anteriores. Además, recibió una multa simbólica de 100 dólares por cada cargo y quedó fuera de la supervisión judicial.
