El gobernador promovió una ley sancionada por la Legislatura que establece la suspensión durante 180 días de las ejecuciones de garantías prendarias sobre bienes muebles, ya sean registrables o no, así como también en créditos instrumentados cuando el deudor sea una persona o una micro, pequeña o mediana empresa ubicada en la provincia.
Esta suspensión abarca tanto a las nuevas ejecuciones como a los procesos judiciales ya iniciados.
Desde fines de 2024, la mora en el país ha mostrado un incremento acelerado. En diciembre de ese año, la mora total —que engloba créditos del sistema financiero y de proveedores no financieros— alcanzaba el 3,6% del crédito total; un año más tarde escaló al 12,6% y en junio se ubicó en 17,5%. En tan solo 18 meses, este indicador se multiplicó por 4,9.
La norma aprobada en La Rioja aclara que la deuda no se extingue. Tampoco se modifica ni se condona la obligación. El acreedor mantiene sus derechos y podrá retomar la ejecución de la garantía una vez finalizado el período de gracia.
Con la ley, Quintela declaró la emergencia económica y crediticia, decidiendo intervenir directamente en las ejecuciones. Un estudio realizado en la provincia por el contador Luis Herrera estima que los créditos prendarios constituyen únicamente entre el 5% y el 7% del total de los créditos en mora. El mayor problema radica en préstamos personales otorgados por bancos, financieras y billeteras virtuales.
Esto implica que la suspensión puede ser relevante para una familia que se enfrenta a la pérdida de un automóvil o una moto entregada como garantía, pero no resuelve por sí misma el problema general del sobreendeudamiento.
Desde la perspectiva del gobierno nacional, el aumento de la mora no representa un fracaso del sistema financiero, sino que indica un regreso a la normalidad del crédito tras años de su escasez. Desde el Banco Central se sostiene que el sistema está en condiciones de absorber las pérdidas potenciales: en junio, las previsiones cubrían el 86,6% de la cartera irregular y el capital representaba el 29,8% de los activos ponderados por riesgo.
Sin embargo, Quintela tiene una visión distinta. Considera que el problema no radica únicamente en que las familias hayan tomado créditos y enfrenten dificultades para pagarlos, sino en el tipo de créditos que adquieren, las tasas aplicadas y el motivo detrás de su contratación.
El gobernador también firmó un decreto por el que establece un régimen de protección para los usuarios de créditos de consumo, cuestionando las operaciones que su administración considera caracterizadas por tasas y condiciones abusivas. Asegura que muchas familias ya no están contrayendo deudas para mejorar su situación, sino para saldar deudas anteriores.
Más allá de La Rioja, el peronismo opositor ha transformado el endeudamiento familiar en uno de los nuevos puntos de confrontación con Milei.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof manifestó que la morosidad no puede ser percibida como un simple problema entre deudor y acreedor, y criticó la falta de regulación en las nuevas formas de crédito, especialmente las billeteras virtuales.
Diputados del PJ Federal también solicitaron una investigación sobre las condiciones de financiamiento ofrecidas por estas billeteras y financieras.
La medida de Quintela se produjo pocos días después de que La Rioja emitiera nuevamente los “Chachos”, por un monto de $4000 millones, mientras anunciaba que continuaría en default con sus acreedores. Milei criticó esta emisión de cuasimoneda como un “Plan Platita 2.0”.
Quintela atribuye la crisis financiera de la provincia a la falta de transferencia de fondos por parte de la Nación. En marzo, frente a los reclamos de bonistas, el gobierno riojano reiteró su responsabilidad hacia la Nación por el deterioro de sus finanzas.
