El Decreto ha sido publicado en el Boletín Oficial y busca reducir la judicialización de los trámites iniciados cuando un magistrado solicita al Poder Ejecutivo la prórroga para continuar en su puesto tras cumplir los 75 años.
Recientemente, el presidente Javier Milei negó la extensión de mandato al ex camarista Martín Irurzun, quien buscaba la prórroga para seguir como vocal en la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires. Esta decisión se produjo en el contexto del envío de pliegos para cubrir dos vacantes en ese tribunal.
De esta manera, el Gobierno muestra un especial interés en la Cámara Federal, que revisa todas las decisiones de los jueces de instrucción, abarcando casos como sobreseimientos, procesamientos, embargos, prisiones preventivas y cierre de causas, entre otros.
La Cámara de Apelaciones deberá actuar sobre asuntos relevantes como $LIBRA, ANDIS, y otros expedientes destacados, incluyendo el que involucra a Manuel Adorni.
Previo a la negativa a Irurzun, el presidente permitió que Carlos Mahiques, padre del Ministro de Justicia, continuara en la Cámara Federal de Casación Penal. Desde la Casa Rosada, se ha manifestado que “es potestad exclusiva del Jefe de Estado resolver a quién le da la prórroga y a quién no”.
Ante este contexto, el Decreto 384/2026 justifica la necesidad de modificar el reglamento sobre la continuidad de los magistrados de más de 75 años. En primera instancia, así como se hizo con la simplificación de procesos para la designación de jueces, fiscales y otros cargos destacados, se menciona la urgencia de reducir trámites burocráticos.
El Ministerio de Justicia ha indicado que es imperativo alinear las normativas para los jueces de 75 años con el Decreto 467/2026, que establece requisitos para la designación. Se considera esencial aplicar el mismo criterio para la prórroga solicitada por aquellos que desean continuar en sus posiciones tras alcanzar el límite de edad constitucional.
Por lo tanto, las solicitudes de prórroga para jueces y fiscales en esta situación ahora “se tramitarán bajo las mismas reglas ágiles”. Esto ha llevado a la derogación de la Resolución N° 226/2024 y a la creación de una normativa nueva que elimina trámites innecesarios dentro del Ministerio de Justicia.
Fuentes oficiales han destacado que este cambio en la reglamentación persigue erradicar “zonas grises de la normativa anterior que permitieron la judicialización de casos, litigios y conflictos institucionales”.
Un ejemplo claro de esta problemática es el caso de Irurzun, quien llevó su solicitud a la Corte Suprema para revertir la decisión del Poder Ejecutivo. Este tipo de situaciones es lo que busca prevenir el Gobierno con las modificaciones implementadas.
La Resolución 384/2026, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques, impone mayores requisitos al proceso de prórroga, incluyendo: plazos anticipados para solicitar la extensión, una mayor cantidad de documentación necesaria en el proceso de evaluación y un exhaustivo control fiscal a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La cartera de Mahiques argumenta la necesidad de “ordenar un sistema que ha estado marcado por amparos, medidas cautelares, fallos contradictorios y demoras políticas”, lo que ha permitido que ciertos magistrados permanezcan en sus puestos a pesar de haber superado el límite de edad que estipula la Constitución Nacional. El objetivo es finalizar con las prórrogas temporales.
En cuanto al funcionamiento de este nuevo procedimiento, los magistrados que deseen continuar en funciones deberán solicitar la prórroga durante los doce meses previos a cumplir 75 años. No será factible iniciar el trámite cerca de la fecha límite.
Respecto a la documentación, además del DNI y el título universitario, los magistrados deberán presentar una declaración jurada patrimonial completa, así como un certificado de los organismos competentes que confirme la ausencia de sanciones disciplinarias, pedidos de jury o juicios políticos pendientes.
Una vez cumplida esta etapa, el pedido de prórroga será publicado durante un día en el Boletín Oficial, con un enlace que permitirá a los ciudadanos consultar el currículum del solicitante en la página web del Ministerio de Justicia.
ARCA también participará en el proceso, teniendo un plazo de cinco días hábiles para emitir un informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias y previsionales del magistrado.
Al finalizar este procedimiento, el Presidente de la Nación decidirá si envía o no el pliego al Senado para solicitar un nuevo acuerdo.
