Kategora era el titular de la Escuela 733 de Colonia Paraíso, situada a unos 40 kilómetros de San Vicente, y recibía un adicional del 80 por ciento debido a la ubicación desfavorable de la institución. Durante sus ausencias, la dirección de la escuela fue asumida por personal suplente. Los registros administrativos incluyen diversas licencias, tales como por enfermedades comunes, atención a familiares, cambios de tareas y tratamientos prolongados, además de períodos en los cuales Kategora cumplió funciones en otras dependencias del Estado.
El expediente busca determinar la validez de las licencias otorgadas y si existió alguna incompatibilidad con las funciones que Kategora desempeñaba en Energía de Misiones. Asimismo, se investigará qué entes intervinieron en cada autorización y si la información laboral fue debidamente compartida entre los organismos involucrados.
La discusión pública se ha agitado por la aparición de fotografías de viajes al exterior durante algunos de los períodos de licencia. No obstante, estas imágenes por sí solas no son suficientes para probar que una licencia médica fuera fraudulenta; su relevancia deberá evaluarse en conjunto con otros documentos, como certificados y antecedentes clínicos.
La presidenta del Consejo, Daniela López, señaló que en 2019 se había identificado un abuso en los plazos de las licencias, lo que llevó a aplicar un descuento del 50 por ciento en la liquidación de haberes. También aclaró que las licencias no fueron continuas y se interrumpieron en momentos de presencialidad.
Con la aceptación de la renuncia, se determinó que los haberes de Kategora dejarían de liquidarse a partir de agosto. Aunque esta decisión impide aplicar ciertas sanciones, como apercibimientos o descuentos futuros, no concluye la investigación sobre su conducta mientras formaba parte del sistema educativo.
El sumario cuenta con un plazo máximo de seis meses para concluir. Entre las acciones a realizar se incluyen la autenticación de certificados y firmas, así como la revisión de la intervención de juntas médicas y el circuito administrativo que permitió la acumulación de los 3.363 días de licencia.
Además, el Consejo ha ordenado una revisión de todas las licencias de largo tratamiento vigentes en la provincia. López reconoció una “falta de control profundo” en el área de Salud Laboral y afirmó que el análisis abarcará los procedimientos utilizados por las juntas médicas, las áreas de personal y las supervisiones escolares.
Por otro lado, un diputado provincial ha presentado una denuncia para que la Justicia evalúe la posible existencia de delitos relacionados con la defraudación de la Administración Pública y falsedad ideológica reiterada. Esta denuncia no implica una declaración de culpabilidad y deberá ser revisada por la Fiscalía.
A fecha del 13 de agosto, se había detenido la liquidación de haberes al ex director, el sumario administrativo continuaba activo y se había dispuesto una revisión general de las licencias prolongadas. La investigación buscará aclarar si hubo un perjuicio económico, la autenticidad de la documentación y las responsabilidades administrativas implicadas.
