Previamente, Sturzenegger también había entrado en controversia con las librerías de barrio debido a un proyecto que propone establecer un precio único para la venta de libros en todo el país. Los representantes de este sector argumentan que esta medida favorecería únicamente a las cadenas de distribución más grandes, amenazando así la continuidad de numerosas librerías independientes.
Además de estos conflictos, el ministro ahora enfrenta otro desafío en relación al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). El debate gira en torno a una posible modificación en su esquema de financiamiento. Este instituto, creado por ley como un ente de derecho público no estatal, tiene como objetivo fomentar el consumo de carne argentina, potenciar las exportaciones y mejorar la competitividad de la cadena ganadera.
La propuesta de Sturzenegger busca transformar los aportes que actualmente son obligatorios para productores y frigoríficos en contribuciones voluntarias. Según el ministro, esta modificación reduciría la carga sobre la actividad privada, brindando mayor libertad a los actores del sector para decidir sobre su participación en el financiamiento del instituto.
Sin embargo, quienes se oponen a esta iniciativa advierten que la transformación del aporte en voluntario podría llevar a una falta de financiamiento del IPCVA, poniendo en riesgo sus funciones de promoción, investigación técnica, participación en ferias internacionales y generación de información sectorial. Asimismo, destacan que el instituto no depende del presupuesto del Estado, sino que se financia a partir de los propios aportes de la industria cárnica. En este sentido, rechazan la intervención del Estado en una cuestión que consideran de carácter privado.
A los desafíos que enfrenta con las librerías y la industria de la carne, Sturzenegger suma otro frente: el de la industria naviera.
Su proyecto se centra en la desregulación del transporte marítimo y fluvial en el país, enfocándose en la apertura del cabotaje a buques de bandera extranjera. La propuesta incluiría la flexibilización en la contratación de tripulaciones argentinas y la eliminación de aranceles para la importación de barcos nuevos o usados de hasta 20 años.
Desde la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), si bien coinciden en la necesidad de modernizar el transporte marítimo para reducir costos, resaltan que todos los participantes del mercado argentino deben cumplir con las mismas obligaciones laborales, fiscales y regulatorias. Subrayan que es incompatible con los principios de igualdad y seguridad jurídica que actividades desarrolladas en aguas argentinas no estén sujetas a la legislación local por el simple hecho de tratarse de buques extranjeros.
Las navieras también manifiestan que esta apertura a embarcaciones foráneas podría alterar las condiciones competitivas, afectar el empleo en la marina mercante y disminuir la recaudación nacional, en un escenario donde se entrelazan cuestiones de costos, soberanía operativa y el futuro del transporte marítimo en el país. Además, los sindicatos marítimos y parte de la industria naval consideran que la reforma representa una
