En un descargo presentado para que se incorpore a su declaración indagatoria, Kovalivker afirmó que la acusación fiscal le atribuye responsabilidad penal por encabezar la empresa, pero no señala ningún acto personal, orden, firma, comunicación o reunión suya relacionado con los hechos.
La defensa sostuvo que la imputación vulnera el principio de culpabilidad y el derecho penal de acto, porque el dictamen no identifica una conducta concreta del presidente de Suizo Argentina vinculada con la ANDIS.
De acuerdo con el resumen de la presentación, el análisis de teléfonos, cuadernos, registros de ingreso a barrios privados y documentación contable secuestrada durante la investigación no permitió a la fiscalía encontrar comunicaciones, referencias ni instrucciones de Kovalivker.
El descargo añadió que las visitas registradas en su domicilio correspondían a empresarios del mismo sector o a relaciones sociales, y que ese hecho no implicaba la comisión de delito alguno.
Kovalivker también destacó que Suizo Argentina S.A. tiene más de 100 años de trayectoria, alrededor de 2.000 empleados y centros de distribución en distintas partes del país. Según sostuvo, la facturación con la ANDIS representó una proporción marginal de las ventas totales de la compañía: el 2,14% en 2023, el 4,22% en 2024 y el 3,14% entre enero y octubre de 2025.
La defensa solicitó que se anulen el dictamen fiscal y la resolución del 21 de agosto de 2025, que dispuso allanamientos, la requisa de dispositivos y el levantamiento de los secretos bancario y fiscal. Argumentó que esas medidas se basaron en audios de origen ilícito y clandestino, con presuntos indicios de manipulación o edición.
Además, pidió que se revoque la inhibición general de bienes, al considerar que la medida cautelar no cuenta con una fundamentación específica.
