Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), expresó su perspectiva sobre la iniciativa durante una entrevista. Señaló que el problema no radica en la falta de herramientas legales para sancionar las denuncias falsas, sino en el riesgo de establecer un nuevo obstáculo para quienes intentan acceder a la justicia. “El proyecto de ley que se discute en el Senado no es un proyecto que castigue las falsas denuncias, sino un proyecto que castiga denunciar”, afirmó.
Gherardi destacó que la propuesta incluye una amenaza penal que podría perjudicar a las mujeres que denuncian situaciones de violencia pero no logran probarlas judicialmente. “Hay pocos incentivos para denunciar y muchísimos desincentivos, porque buscar ayuda muchas veces recrudece la violencia. Si este proyecto avanza, amenaza penalmente a la mujer que se anima a denunciar y que, por deficiencias de la investigación o por los sesgos de la Justicia, tal vez no logre probar lo que ocurrió”, explicó.
La especialista consideró preocupante que en un contexto en el que la mayor parte de los casos de violencia sexual y de género no llegan a la justicia, se implemente una reforma de este tipo. Cifras del ELA indican que, anualmente, aproximadamente 500.000 personas sufren ofensas sexuales en Argentina, pero solamente una de cada diez presenta una denuncia. Además, subrayó que apenas el 21% de las mujeres que viven situaciones de violencia acude a la justicia, y del total de víctimas de femicidio, solo el 18% había denunciado previamente a su agresor.
“Denunciar, pedir ayuda, salva vidas”, resumió Gherardi, quien describió cómo muchas víctimas se enfrentan a miedos, amenazas y una profunda desconfianza hacia las instituciones antes de decidir buscar justicia. “Hay una enorme cantidad de obstáculos para denunciar y la revictimización sigue siendo un problema”, agregó.
Uno de los puntos centrales de su análisis es que el Código Penal argentino ya incluye disposiciones para sancionar las denuncias falsas. “Ya hay varios delitos bajo los cuales se puede encuadrar esa conducta. Por supuesto que es un problema que alguien denuncie falsamente, en este o en cualquier otro tema. Pero la respuesta penal ya existe y prácticamente no se utiliza”, indicó.
Asimismo, Gherardi consideró que el debate legislativo se basa en una premisa errónea. “No va a ser agravando las penas que ese delito se aplique más. El problema no es la falta de herramientas legales, sino el funcionamiento de la Justicia”, afirmó.
También criticó los cambios introducidos en el proyecto en análisis, que eliminan la referencia a la violencia de género, sustituyéndola por la categoría de “delitos dolosos graves”, una nomenclatura que no figura en el Código Penal y que podría dar lugar a una interpretación judicial discrecional.
Acerca de la frecuencia de las falsas denuncias, Gherardi aseguró que se trata de un fenómeno excepcional, respaldándose en estudios del Ministerio Público Fiscal. “Los casos son mínimos y la mayoría ni siquiera están vinculados con violencia de género, sino con conflictos económicos. Se está buscando legislar sobre un fenómeno casi inexistente”, afirmó.
La discusión debería enfocarse, según la especialista, en fortalecer la capacidad del Estado para investigar los delitos y apoyar a las víctimas, en lugar de establecer nuevas amenazas penales. “Si el Senado tiene una preocupación genuina por la violencia de género, hay muchas medidas que podrían mejorar el acceso a la Justicia: fortalecer los procesos judiciales, mejorar la organización de los tribunales y avanzar en los nombramientos pendientes. Esos son los problemas reales”, concluyó.
Finalmente, Gherardi mencionó el retroceso en las políticas públicas para prevenir la violencia y destacó que la línea 144, que debería ofrecer asistencia, aún enfrenta dificultades debido a la reducción de fondos. “Ahora podés tener la voluntad de pedir ayuda y encontrar muchas más dificultades para saber dónde acudir”, advirtió.
Gherardi insistió en que la discusión en el Parlamento debe centrarse en el propósito fundamental de las políticas frente a la violencia de género. “La obligación del Estado es prevenir las violencias, no solo reducir los femicidios, sino garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y con mayor bienestar. Cuando una mujer es asesinada, se destruye una familia entera. Esa responsabilidad es con toda la comunidad”, concluyó.
