La controversia en torno a la reforma laboral ha reavivado las tensiones entre el Gobierno y la dirigencia sindical. Mientras el Poder Ejecutivo finaliza la elaboración de su proyecto para remitirlo al Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha reiterado que aún no ha sido convocada a una mesa de diálogo y ha advertido que, sin el debido consenso, “se compromete la legitimidad” de cualquier propuesta.
Jorge Sola, recientemente incorporado al triunvirato que lidera la central obrera, sostuvo que la prioridad debería ser una reforma tributaria antes que la modificación de la legislación laboral. A su juicio, las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) se encuentran asfixiadas por la carga impositiva a nivel nacional, provincial y municipal, la cual, según afirma, puede representar hasta el 40% de sus ingresos por ventas.
“El costo del trabajador se circunscribe a su salario. Si se busca fomentar la inversión, el primer paso es racionalizar la presión fiscal”, insistió, indicando que el Gobierno estaría “alterando el orden de las prioridades”.
No obstante, Sola admitió que aún no existe un proyecto formal, sino meros “trascendidos”, y denunció que ni empleadores ni trabajadores han sido consultados en una instancia institucional.
Reclamo de participación y advertencias internas
El dirigente afirmó que la CGT se mantiene en estado de alerta ante la posibilidad de que el oficialismo impulse la reforma sin la intervención de los sectores involucrados. Argumentó que una ley de carácter general aplicable a todas las actividades constituiría un error, y enfatizó que cada sector productivo posee dinámicas diferenciadas.
Para ilustrar su punto, mencionó que en el sector de servicios la jornada semanal se organiza mediante turnos de siete horas, mientras que en la minería se labora en ciclos de quince días consecutivos. “Si la discusión abarca la totalidad bajo una única lógica, se incurre en un error”, señaló.
Convenios, modernización y el rol estatal
Sola aseguró que numerosos convenios colectivos ya han incorporado modificaciones sustanciales, tales como el teletrabajo o la integración de nuevas tecnologías. Citó el caso del sector de seguros, donde la inteligencia artificial ya forma parte de las tareas habituales. Según su perspectiva, la modernización “ya se está produciendo por actividad”, lo que torna innecesaria una reforma de alcance general.
Adicionalmente, solicitó que el Estado participe en el debate “de manera inteligente y eficaz, no burocrática”, manifestando una postura crítica respecto de los procesos parlamentarios en los que, según aseveró, la presencia sindical suele ser “meramente testimonial”.
Tiempos legislativos y acusaciones preventivas
El Gobierno podría presentar la reforma en febrero, durante las sesiones extraordinarias. Para la CGT, este plazo no debería precipitar los tiempos del trabajo político ni excluir del debate a los sectores productivos y laborales. “Una comisión parlamentaria no sustituye una instancia real de negociación”, remarcó Sola.
También insistió en que los convenios ya han sido objeto de modificación en sectores como el transporte y los puertos. Y cuestionó la recurrencia del argumento que sostiene que la legislación vigente se encuentra “estancada en el pasado”.
Empleo, cierre de empresas y litigiosidad
El dirigente cegetista aprovechó la entrevista para destacar la crisis laboral heredada del gobierno anterior: quince años de estancamiento del empleo privado y la pérdida de 250 mil puestos de trabajo en los últimos dos años, equivalente —según su descripción— al cese de actividades de 18 mil PyME.
En relación con los juicios laborales, afirmó que la litigiosidad se resolvería con el cumplimiento de la ley y que el trabajo no registrado constituye un delito. No obstante, admitió que los procesos judiciales prolongados perjudican tanto a las empresas como a los trabajadores, especialmente a las pequeñas firmas que pueden desaparecer antes de obtener una sentencia.
Financiamiento sindical y debate sobre aportes
Consultado sobre la posibilidad de limitar los aportes obligatorios a los sindicatos, Sola denunció la existencia de declaraciones oficiales que, a su entender, buscan “debilitar” la representación gremial. Argumentó que cualquier reforma en ese sentido sería inconstitucional por vulnerar la libertad sindical garantizada en el Pacto de San José de Costa Rica.
Respecto de la afiliación, aclaró que es voluntaria y que la cuota corresponde únicamente a quienes forman parte de la organización sindical.
A modo de conclusión, Sola enfatizó que la central obrera se presenta “fortalecida en la unidad” ante un debate que considera crucial para su futuro. Mientras tanto, el Gobierno prosigue con su agenda de reformas estructurales y con la convicción de que la modernización del mercado laboral es imprescindible para atraer inversiones, además de reducir costos y reactivar la generación de empleo privado.
