Con el liderazgo del peronismo, la oposición utiliza el Congreso para poner contra las cuerdas al gobierno. Los miembros de la principal coalición opositora aprovechan las comisiones a su cargo para exponer las problemáticas que más incomodan al oficialismo. Tras centrarse en las familias con deudas en la primera parte del año, ahora están dirigiendo su atención hacia la Casa Rosada por un tema que ha cobrado relevancia recientemente.
El foco está en cómo el Gobierno maneja lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Inmediatamente, el vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que parte de lo recaudado, en vez de ser utilizado para el mantenimiento y mejora de rutas y otras obras de infraestructura, se destina a equilibrar las cuentas fiscales. Esto implica un reconocimiento de que se está incumpliendo con la ley que especifica la asignación de dicho impuesto.
El año anterior, los gobernadores habían presentado un proyecto para redistribuir lo recaudado por el ICL.
No es la primera ocasión en que el Congreso examina el SYSVIAL. En el año previo, con el apoyo de 24 gobernadores, la oposición y algunos legisladores dialoguistas intentaron avanzar en una iniciativa para eliminar ese fondo fiduciario y redistribuir los ingresos generados, dado el escaso avance de obras desde el Gobierno. El proyecto logró avanzar en el Senado, pero algunos gobernadores aliados al oficialismo terminaron obstaculizando la propuesta.
Ahora, un año después, el tema resurge en la agenda debido a nuevas investigaciones periodísticas que evidencian el incumplimiento de la ley. Por este motivo, este martes la comisión de Obras Públicas, presidida por el diputado de Unión por la Patria Martín Aveiro, invitará a expositores en el marco de varios proyectos que solicitan informes al Ejecutivo para aclarar la situación.
Entre los exponentes invitados están Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires; Patricia Mazitelli y Fabián Catanzaro de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina); Silvia González, de Estrellas Amarillas; y Viviana Romero Cardozo del Consejo de Víctimas de la provincia de Buenos Aires, así como los intendentes de diversas localidades como Catriel y Puelén.
Además, la oposición planea abordar otro tema que ha destacado en los medios en las últimas semanas: las denuncias de presiones y amenazas dirigidas a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) por su relación comercial con la empresa china Huawei.
La semana anterior, la comisión de Asuntos Cooperativos, encabezada por el peronista Aldo Leiva, analizó este asunto. Durante la reunión, representantes de la cooperativa afirmaron que “no corresponde que una Embajada extranjera se contacte directamente con una cooperativa y les diga lo que deben hacer”.
El embajador Lamelas, quien se reunió con diputados y senadores la semana pasada, será convocado nuevamente para responder a las preguntas de los legisladores. Este tema es sensible para el gobierno de Milei, dada su alineación con la administración estadounidense y su relación personal con Donald Trump.
Aunque el embajador se reunió anteriormente con los grupos de amistad de la Cámara de Diputados y del Senado en el Palacio Bosh, los legisladores de la comisión suponen que no asistirá a esta nueva convocatoria.
