La propuesta de ley contempla el reintegro de los “derechos de exportación” que abonan los productores de Formosa por las exportaciones de oleaginosas y cereales. Según las proyecciones de Paoltroni, la medida implicaría un costo fiscal del 0,00035% del PIB en 2025. Con esto, el senador pretende adherir estrictamente a la disposición de Javier Milei de “mantener el equilibrio fiscal”. El documento expresa que “las medidas del proyecto no afectarán los acuerdos fiscales vigentes entre nación y provincias”.
El informe que Paoltroni presentó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado estimó el costo fiscal asociado a la legislación y propone que el objetivo del régimen sea el reintegro del 100% de los derechos de exportación por los productos agrícolas exportados desde Formosa.
La iniciativa busca “fomentar la competitividad regional y estimular el crecimiento económico”. Además, los beneficiarios del régimen serán tanto personas físicas como jurídicas que puedan comprobar la producción de cereales y oleaginosas en la provincia.
Para acceder a los beneficios, los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos, como el uso de semillas fiscalizadas, la presentación de la carta de porte de granos y el geoposicionamiento del establecimiento productor. La propuesta también establece el mecanismo de reintegro y delega en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca la tarea de reglamentar la norma en un plazo de 60 días, con la participación de ARCA.
Asimismo, establece que, de ser aprobada, la medida permanecerá en vigencia hasta que se anulen las retenciones a nivel nacional. En consecuencia, el senador solicita al Poder Ejecutivo que desarrolle un plan fiscal para los futuros reintegros, con el objetivo de asegurar una transición ordenada en la estructura tributaria para no afectar las finanzas provinciales.
Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia ha solicitado a la provincia de Formosa que se pronuncie en 60 días sobre la causa iniciada contra el gobernador, relacionada con la inconstitucionalidad de su reelección indefinida, que lo ha mantenido en el cargo durante ocho mandatos consecutivos.
Según fuentes, esta decisión se tomó recientemente y se basa en la denuncia presentada por Paoltroni. Insfrán ha ocupado el cargo de gobernador desde 1995, siendo reelecto de manera ininterrumpida desde entonces. Esta no es la primera ocasión en la que se cuestiona su reelección. La Confederación del Frente Amplio Formoseño y el exjuez formoseño Fernando Carabajal también han presentado denuncias en el mismo sentido.
Este desarrollo podría indicar que se aproxima una resolución del máximo tribunal sobre el caso. La jurisprudencia existente podría ser desfavorable para el gobernador, ya que en 2023 la Corte Suprema declaró inconstitucionales las reelecciones indefinidas en provincias como San Juan, Tucumán y Río Negro, y se anticipa una resolución similar para Formosa.
Sin embargo, en esta situación se encuentra en juego una reforma constitucional que cuenta con el respaldo del voto popular, un aspecto que no debe ser subestimado, tal como ha indicado el máximo tribunal en el pasado. En 2023, la Corte afirmó que primero debía pronunciarse el Poder Judicial local respecto a esta denuncia.
En el escrito presentado, se detalla que tanto el gobernador como la fiscal tienen un plazo de 60 días para realizar un nuevo descargo, conforme a lo estipulado en los artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
