La Ciudad reclama colectivamente una suma de $10.514.119,49, más los intereses correspondientes, argumentando que la decisión de los padres de no retirar a sus hijos de la escuela se constituyó como un respaldo a la toma del establecimiento, haciéndolos responsable civilmente de los costos económicos que debió asumir el Estado. Se detalla que la “consecuencia patrimonial concreta” para el gobierno de la Ciudad, que en ese momento era conducido por Horacio Rodríguez Larreta, consistió en el costo de los salarios que se pagaron a los docentes por las horas de clase que no pudieron dictarse, así como al personal no docente por la jornada laboral que tampoco se realizó. Este monto se calcula incluyendo los salarios del personal de la Escuela Normal y de la Escuela de Comercio N° 26 Enrique de Vedia, que también funciona en el mismo edificio durante la noche.
Recientemente, un grupo de padres se reunió con la Dra. Giselle Furlong Pader, directora de la Defensoría del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para discutir su situación. Aquellos que han sido notificados tienen un plazo de 30 días hábiles para responder. Furlong Pader había representado a Mónica Gullo, otra demandada en un caso similar relacionado con una ocupación en el Liceo N° 5 D.E. 11 “Pascual Guaglianone”, donde la sentencia fue favorable para Gullo. En esa ocasión, el gobierno también había alegado que la permanencia de los alumnos había producido un perjuicio económico vinculable a los salarios del personal docente y no docente. La defensa apuntó a que la toma fue un ejercicio legítimo del derecho a la protesta y cuestionó la existencia de daños patrimoniales tangibles. El juez, al desestimar la demanda, consideró que el gobierno no demostró un menoscabo económico concreto y que los salarios eran gastos que el gobierno local debía afrontar independientemente del incidente.
En esta nueva demanda se presenta un argumento similar. Se menciona que “los docentes que deberían haber dictado clases se vieron imposibilitados de hacerlo, causando múltiples perjuicios de índole pedagógica, logística y funcional no solo al gobierno sino a toda la sociedad que contribuye con sus impuestos a la educación pública”, según el texto de la demanda.
En su momento, Soledad Acuña, entonces ministra de Educación, había anunciado la intención de la Ciudad de llevar avances judiciales. “Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que puedan sufrir los estudiantes y los bienes escolares. Además, se está preparando una demanda civil para trasladarles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma”, había señalado la exfuncionaria.
La base legal de la demanda del gobierno contra las familias se sostiene en una responsabilidad parental, citando el artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que los padres son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos mientras vivan con ellos y estén bajo su tutela. También se hace referencia a la Ley de Educación Nacional, que exige que los padres se aseguren de que sus hijos cumplan con la asistencia escolar. Finalmente, se menciona un protocolo del Ministerio de Educación de la Ciudad, aprobado en 2018, que establece pautas de convivencia escolar y define la corresponsabilidad de las familias en situaciones de toma.
El protocolo indica que, aunque la responsabilidad parental se transfiere temporalmente al establecimiento educativo, se activa la corresponsabilidad de las familias si el control del gobierno sobre la escuela se pierde debido a una toma. Se establece que la máxima autoridad escolar debe contactar de manera inmediata a los padres o tutores para que retiren a sus hijos del establecimiento ante la “imposibilidad de prestar el servicio educativo”. La normativa subraya que los alumnos solo pueden salir del establecimiento acompañados por un adulto responsable, quien deberá firmar un acta en la que se le notifica que la responsabilidad legal sobre el menor recae exclusivamente sobre el adulto durante la toma.
En cuanto a las 69 familias demandadas, se indica que son aquellas que no retiraron a sus hijos durante la ocupación, que inició el 26 de septiembre de 2022 y concluyó el 5 de octubre del mismo año. Ante la cantidad de estudiantes y familias que se oponían a la toma, el gobierno habilitó, tras diez días, la posibilidad de que los alumnos regresaran a clases en un edificio de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Las protestas habían empezado con la movilización del centro de estudiantes de la Escuela Normal Superior N°2 en Lenguas Vivas Mariano Acosta, en respuesta a la insatisfacción por la calidad de las viandas y reformas impuestas sin consulta, así como la supuesta persecución política a los centros de estudiantes. Durante este período, otros colegios en la Ciudad de Buenos Aires también fueron tomados, algunos con pernoctes y asambleas. En total, se llegaron a contabilizar más de diez instituciones en esa situación.
