En una crucial sesión, el Concejo Deliberante de Moreno aprobó el llamado a un pliego de licitación para un nuevo sistema de transporte público de pasajeros, un proyecto promovido por la intendenta. Esta iniciativa, que comenzará a funcionar en enero del próximo año, tiene prevista la apertura de sobres para las ofertas el viernes. Sin embargo, las disputas se han intensificado en las horas previas.
La Comuna ha dado a conocer esta medida como “el fin de la histórica monopolización del transporte público” en la región, en referencia a la operación que ha mantenido la firma Transportes La Perlita durante los últimos 63 años. “No se trata de perjudicar a ninguna empresa, sino de garantizar por primera vez la justicia social en el transporte de Moreno; nuestro enfoque está en los ciudadanos de Moreno y sus necesidades”, aseguró Fernández tras la aprobación del pliego.
El esquema de licitación divide al municipio, que cuenta con una población de 576.632 habitantes según el Censo 2022, en tres zonas. La primera comprende 14 recorridos y requerirá la utilización de 75 colectivos. La segunda abarcará 17 recorridos a cargo de empresas que deberán proporcionar 86 unidades, incluyendo 3 ramales complementarios para 11 coches. Finalmente, la tercera zona contempla 11 ramales a ser operados con 82 colectivos, además de 3 complementarios que exigirán 13 unidades.
Desde el Municipio afirman que el nuevo sistema incluirá a nuevas empresas prestadoras, ampliando la cobertura y ofreciendo recorridos más directos entre barrios, centros educativos y espacios productivos y de salud. Sin embargo, las quejas de las empresas de transporte no tardaron en llegar, sumándose a la inquietud expresada por los sindicalistas, lo que el Municipio califica como una maniobra de lobby.
“Los costos no están reconocidos y las exigencias son cada vez mayores, como por ejemplo la obligación de realizar obras viales con montos que las empresas no pueden afrontar. Además, esperan que en dos años todos los viajes se realicen con coches 0 kilómetro, algo que va en contra de lo establecido por la Provincia, que extendió la vida útil de los colectivos de 10 a 13 años”, manifestó Víctor Pasquini, miembro de la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA).
En declaraciones a un medio local, Pasquini calificó algunas condiciones de “bastante pretenciosas”. Este sector ha denunciado que el Municipio está orientando la licitación a favor de las empresas más grandes, las únicas que podrían cumplir con los requerimientos establecidos.
Alrededor de la intendenta Mariel Fernández comentan que el último pliego de transporte público fue elaborado por el abogado de la firma que actualmente opera en las calles del distrito. Además, aseguraron que se han realizado ampliaciones al proyecto original para facilitar la inclusión de más empresas privadas en la licitación.
El miércoles, las empresas de transporte realizaron una protesta frente al Palacio Municipal, donde presentaron un petitorio que fue recibido por autoridades locales. La tensión aumenta, ya que después de una prórroga, este viernes se abrirán los sobres para la licitación, en la que hasta el momento se han presentado dos firmas de transporte de pasajeros.
Casi simultáneamente con la protesta, la UTA emitió un enérgico comunicado en contra de la intendenta de Moreno, adoptando un tono casi amenazante. El gremio exige la protección de los puestos laborales de 800 choferes. A pesar de esto, la Comuna sostiene que el pliego estipula que la empresa ganadora debe absorber a los trabajadores que actualmente manejan los colectivos en la localidad.
“La UTA expresa su profunda preocupación ante la falta de respuestas del Municipio de Moreno, frente a los reiterados reclamos realizados para que el proceso de licitación del transporte público garantice expresamente la estabilidad y continuidad laboral de más de 800 trabajadores”, comienza el comunicado firmado por Roberto Fernández.
Publicado el pasado martes, el comunicado advierte que “a pesar de las presentaciones realizadas ante la señora Intendenta, no se han producido los cambios necesarios para terminar con la incertidumbre que hoy afecta a los trabajadores y sus familias. UTA no puede aceptar que la fuente de trabajo, la antigüedad y los derechos adquiridos de quienes durante años han garantizado la prestación de los servicios, queden sujetos al resultado de una licitación o a la decisión de futuros adjudicatarios”.
El comunicado concluye con una advertencia: “La continuidad laboral debe estar garantizada antes de cualquier adjudicación. De persistir esta situación, el Municipio estará generando un escenario de creciente conflictividad que pone innecesariamente en riesgo la paz social. UTA reclama una respuesta inmediata que garantice los puestos de trabajo y todos los derechos de los trabajadores involucrados”.
Ante esta escalada de tensión, el Municipio ha emitido un comunicado con diez aclaraciones clave. Entre ellas, responde a la UTA asegurando que “el nuevo sistema garantiza la continuidad de los puestos de trabajo: las empresas que asuman el servicio tienen la obligación de incorporar a todos los choferes que están trabajando actualmente”.
