La extranjerización de tierras evoca ideas que datan de los tiempos previos a los Revolucionarios de Mayo y de las oligarquías conservadoras que acumularon vastas extensiones de tierra en campañas de despojo, con gobiernos que tenían ministros de Agricultura impuestos por la Sociedad Rural Argentina, quienes también recibieron concesiones de varias dictaduras. Es fundamental aprender de lo mejor de nuestra historia para entender la naturaleza de los fenómenos político-culturales actuales. Manuel Belgrano declaraba: “La causa principal de las miserias, su infelicidad y sus males es la falta de propiedad de los terrenos que ocupan los labradores”, denunciando “los abusos de los que detentan el poder”.
Para desmantelar derechos sociales y privatizar el patrimonio público es esencial establecer una estructura de poder que lo haga posible. En este sentido, el sistema judicial juega un rol clave, avanzando inexorablemente hacia la pérdida de su legitimidad y su bancarrota moral. Este aparato se encuentra en estrecha relación con la derecha parlamentaria y mediática, consolidando un sistema conservador de clases que se entrelaza con una etapa política de entrega neocolonial. Tal enfoque, influido por una ideología neothatcheriana liderada por Milei y su entorno, se implementa con el objetivo de beneficiar a las élites económicas. De este modo, se busca la cesión incondicionada y permanente de nuestros recursos naturales, aunque se presente de manera ilusoria, exacerbando la austeridad hacia las mayorías del pueblo y las clases medias, en respuesta a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y su directora, quien recientemente se reunió con el principal deudor. Este esquema se complementa con diversos relatos destinados a moldear la conciencia y la percepción de la población, con el propósito de desmantelar cualquier noción de soberanía nacional. No obstante, lo escondido comienza a aflorar, desbordando la propaganda gubernamental y los grandes medios de comunicación, que han apoyado el presente proyecto desde sus inicios, siguiendo la línea de la burguesía local y del trumpismo. En este contexto, la idea de que el Parlamento es “un nido de ratas” se ha afianzado, buscando el desprecio hacia el mismo o su manipulación a través de dádivas a gobernadores. La meta es mantenerse en el poder y perseguir la fantasía de liderar la ultraderecha antidemocrática y corrupta de la región, forjando alianzas con figuras como Keiko Fujimori y el empresario De la Espriella en Colombia, así como respaldar la candidatura del fascista brasileño Bolsonaro. Como es habitual, lo inesperado se presenta: la bandera malvinera que nuestros jóvenes mostraron ante mil millones de personas en el mundo arruinó en minutos su narrativa pro-kelpers y el “aceptemos que fuimos derrotados, así que Las Malvinas son de los ingleses”. ¿Fin?
En este contexto, se hace inevitable considerar el impacto del legítimo reclamo de justicia de Cristina ante la ONU. Mientras tanto, destacados editorialistas coinciden en que seis millones de ciudadanos padecen las consecuencias del endeudamiento causado por la devaluación de los salarios y las jubilaciones, sumado al aumento de precios de alimentos y servicios públicos, que han sido “sincerados” antes de generar incertidumbre sobre el empleo. En este marco, cobra una gran relevancia la convocatoria de las organizaciones de trabajadores, la CGT y las dos CTA, que ha movilizado el apoyo activo de partidos políticos, movimientos sociales y barriales, así como sectores culturales en defensa de las librerías, organizaciones estudiantiles y asociaciones de pequeñas y medianas empresas. La próxima etapa del plan será la celebración del Día de San Cayetano.
Dentro de este marco crítico y de resistencia a la ley de extranjerización, la Iglesia católica ha desempeñado un rol fundamental. Su pronunciamiento es firme y comprometido desde su intervención política y cultural. Desde diferentes ámbitos de su conducción (Pastoral Social, Cáritas y Pastoral Aborigen), los obispos han afirmado que el proyecto de ley “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, nuestros alimentos, bienes comunes y el derecho de los pueblos a autodeterminarse”. Hacen un llamado a los senadores para que “sus decisiones estén guiadas por el bien común y el futuro de las generaciones venideras antes que por intereses particulares”. Se evidencia que la Iglesia católica está desempeñando un papel activo en la defensa del pueblo y su feligresía, usando un lenguaje claro y comprensible, alejado de la retórica confusa del pasado.
