Se intensifica la preocupación en el sector textil ante lo que se describe como una verdadera “avalancha” de indumentaria importada, particularmente originada en China. El país asiático ha consolidado una presencia sin precedentes en el mercado textil argentino durante el último año, impulsada por la desregulación del régimen de courier, la flexibilización de los controles aduaneros y el avance de las plataformas de comercio electrónico.
Según un informe elaborado por la organización ProTejer, el gigante asiático ya concentra más del 70% del total de las importaciones del sector, una proporción que experimenta un crecimiento constante y que evidencia un cambio acelerado en la dinámica comercial. De acuerdo con el último informe del INDEC, la producción de productos textiles registró la mayor disminución interanual (-24%) en octubre de 2025.
Conforme a los datos del estudio, entre enero y octubre de 2025, las importaciones textiles de origen chino se incrementaron en un 109% interanual, superando el aumento promedio del sector (89%). La participación china alcanza niveles particularmente elevados en categorías específicas: 94% en tejidos de punto, 71% en indumentaria y 68% en confecciones terminadas.
El documento señala que este incremento se relaciona con “la eliminación o la falta de aplicación de regulaciones comerciales que funcionaban como instrumentos de control para prevenir prácticas desleales”. Entre ellas se menciona la supresión de los valores criterio de importación, la declaración jurada de composición del producto, los controles de etiquetado y talles, y la flexibilización de los procedimientos antidumping.
El rol del courier y las plataformas digitales
El informe también destaca el crecimiento de las adquisiciones realizadas a través de plataformas extranjeras como Shein, Temu y AliExpress, cuyo volumen se ha expandido tras las modificaciones introducidas al régimen puerta a puerta. Estas empresas operan bajo mecanismos simplificados que prescinden de intermediarios locales y permiten el ingreso de productos por vía aérea.
Según ProTejer, estas plataformas se benefician de “la combinación de envíos fraccionados, menores exigencias aduaneras y subsidios logísticos otorgados por China mediante programas como ePacket y China Post”. El documento sostiene que este esquema reduce significativamente los costos de entrega y facilita la expansión del comercio digital transfronterizo.
El estudio analiza asimismo la respuesta de otros países ante el auge del ultrafast fashion. Francia aprobó en 2025 una ley que impone un ecoimpuesto por prenda, exige información sobre trazabilidad y restringe la publicidad de este tipo de productos. En Estados Unidos, el gobierno eliminó la exención conocida como de minimis, lo que obliga a que todos los paquetes tributen y cumplan con controles formales, independientemente de su valor. México, por su parte, aplica desde agosto un arancel del 33,5% a los envíos procedentes de países sin acuerdo comercial y exige la registración fiscal a las plataformas.
ProTejer indica que estas modificaciones buscan “establecer condiciones comparables entre los productos ingresados por plataformas extranjeras y los comercializados por empresas locales”, y advierte que la Argentina aún no ha implementado medidas similares.
En el ámbito local, el informe menciona la propuesta presentada por el diputado Miguel Ángel Pichetto, que plantea exigir registro fiscal obligatorio y aplicar aranceles específicos a las compras realizadas en plataformas extranjeras. Según el documento, esta iniciativa tiene como objetivo “equiparar condiciones tributarias y regulatorias” frente al crecimiento del comercio digital.
El estudio plantea que la expansión del comercio electrónico transfronterizo conlleva desafíos en materia de recaudación, trazabilidad de productos y cumplimiento de estándares de calidad. Entre ellos, menciona la ausencia de certificaciones técnicas, controles sobre sustancias químicas y etiquetado uniforme en los artículos ingresados mediante courier.
ProTejer sostiene que el eje del debate global es “cómo regular el nuevo esquema del comercio digital para garantizar competencia leal y estándares mínimos de seguridad”, un proceso que diversos países ya han comenzado a implementar a través de reformas aduaneras y fiscales.
