Ravier abordó varios temas, incluido el proyecto oficial de Ley de Propiedad Privada, que según sus fundamentos, busca corregir décadas de “inseguridad jurídica” que han posicionado al país con 41 puntos en el Índice de Libertad Económica, por debajo de la media mundial de 52.
Posteriormente, se llevará a cabo una nueva reunión de la mesa política, donde se definirá la estrategia legislativa para avanzar en las reformas propuestas por el presidente.
El proyecto, que será debatido este jueves en el Senado, se basa en cinco ejes fundamentales que Ravier detalló.
Una de las modificaciones propuestas es a la Ley 21.499, orientada a prevenir abusos por parte del Estado. Los cambios incluirán definiciones más estrictas sobre la “utilidad pública” y aseguran una reparación integral para quienes sean expropiados. La indemnización se calculará en función de la valuación del bien antes del anuncio oficial y se ajustará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con el fin de enfrentar la ocupación ilegal, el proceso de desalojo pasará de tramitarse por vía ordinaria a realizarse mediante juicio sumarísimo, lo que espera reducir los “plazos de resolución de años a solo meses”, agilizando el proceso judicial y simplificando la burocracia para el acceso a medidas cautelares.
Se eliminarán las restricciones generales que limitan a los extranjeros la adquisición de tierras rurales, buscando fomentar la inversión. Sin embargo, se establecerá una distinción entre inversores privados y Estados extranjeros.
Para estos últimos y sus empresas controladas, se implementarán controles más estrictos: se requerirá autorización específica para compras que actualmente son libres hasta 1000 hectáreas, y se sancionará el uso de testaferros como una simulación ilegal.
El proyecto también deroga una reforma de 2020, impulsada por un legislador que imponía restricciones a campos agrícolas y árboles plantados tras incendios.
El Gobierno sostiene que el sistema actual penaliza al productor afectado por “siniestros accidentales”. Por otro lado, se especifica que la protección de los bosques nativos (Ley de Bosques) no sufrirá modificaciones.
Además, se promoverá la digitalización integral del sistema y se establecerán plazos máximos para los trámites. También se contempla la creación de una Ventanilla Única Federal, un portal centralizado que brindará acceso a información registral de todo el país, respetando las autonomías provinciales, con el fin de proporcionar mayor seguridad a las operaciones de compra, venta e hipoteca.
