La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1334/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma impone nuevas restricciones al tránsito aéreo y refuerza la coordinación entre las autoridades civiles y militares. Su objetivo declarado es proteger los actos papales previstos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján, entre el 8 y el 11 de noviembre.
El decreto amplía las reglas aprobadas en 2016 para las Zonas de Operaciones Restringidas TMA Baires y TMA CBA, que abarcan sectores de intenso tránsito aéreo en torno de los aeropuertos y las ciudades de Buenos Aires y Córdoba.
Entre los cambios principales, las autoridades habilitaron “el uso de la fuerza por parte de los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores de origen externo declarados ‘hostiles’”.
La aplicación de esa medida supone “el empleo del poder de fuego disponible por parte de la aeronave interceptora contra la estructura del vector incursor, con el objeto de anular su capacidad de vuelo impidiendo la continuidad de su trayectoria”. Además, deberá preverse un plan que reduzca al mínimo el riesgo de daños a personas o bienes en la superficie.
El decreto establece que, antes de recurrir a la fuerza, deberá comprobarse la existencia de un “acto hostil”. La definición incluye un ataque armado y el uso, o la amenaza inminente de uso, de una aeronave como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.
La presencia de armamento también podrá considerarse un indicio de hostilidad, al igual que la persistencia de una trayectoria, altura o velocidad compatibles con un ataque contra un blanco determinado, pese a las advertencias recibidas.
La declaración de hostilidad estará a cargo del comandante conjunto aeroespacial, una vez confirmada la situación. Sin embargo, el empleo de armas requerirá la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti. El presidente Javier Milei delegó esa atribución para este operativo y dispuso que no pueda transferirse a otra autoridad.
También podrán intervenir medios militares bajo el comando o el control operacional de la autoridad de ejecución, con el propósito de evitar que se vea afectado un interés vital o un objetivo de valor estratégico.
El decreto establece un tratamiento específico para las aeronaves civiles. Si una de ellas incumple una instrucción, la respuesta prevista consiste en interceptarla y ordenarle que aterrice en el lugar indicado.
El Comando Conjunto Aeroespacial dirigirá la respuesta operativa y coordinará con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las restricciones aplicables a los vuelos. La ANAC deberá tomar las medidas necesarias y brindar el apoyo requerido por el mando militar.
La norma no dispone una prohibición general de los vuelos. Sí permite que las autoridades ajusten las limitaciones según las circunstancias y, si resulta necesario para preservar la seguridad operacional, desvíen aeronaves civiles fuera de la zona afectada.
En ese marco, las autoridades señalaron que “cada evento irregular configurará una degradación de la situación aeroespacial en la zona afectada, a los efectos de la aplicación de las Reglas de Protección Aeroespacial”.
Si se detecta una irregularidad en alguna de las zonas restringidas, el Comando Conjunto Aeroespacial podrá asumir distintos niveles de conducción sobre el área y sobre los servicios de navegación aérea de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
El primer nivel es el control por coordinación. En ese caso, el mando militar avisará al supervisor del servicio de navegación aérea para que adopte medidas y, cuando sea posible, desvíe de la zona los vuelos civiles.
El segundo, llamado control total bajo subordinación directa, permite que los controladores mantengan sus tareas habituales, aunque deberán cumplir las restricciones que disponga el Comando Conjunto.
El nivel más amplio, el control total integral, habilita a despejar el área de aeronaves civiles para que operen únicamente medios militares. Además, según lo establecido previamente, todas las autorizaciones de vuelo quedarán bajo control militar. El comandante conjunto aeroespacial decidirá qué nivel aplicar de acuerdo con cada situación.
Por último, las autoridades indicaron que los gastos del operativo se cubrirán con partidas asignadas al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto.
