La fatídica noche del 31 de julio, en Arenales y Carlos Pellegrini, justo a las 22:25, Ortega Peña alcanzó a preguntar “¡¿Qué pasa, flaca?!” al escuchar el primer disparo y el grito de su esposa, Elena Villagra. No tuvo tiempo para más: en un instante, recibió 24 disparos que impactaron en su cabeza y otras partes de su cuerpo. Al oír ese primer tiro, y tras bajar de un taxi Siam Di Tella, Ortega Peña se asomaba a la ventanilla del vehículo para pagar el viaje. Ignoraba la presencia del Ford Fairlane verde que llegó a gran velocidad, deteniéndose abruptamente, así como a los tres hombres armados con ametralladoras que bajaron de él. Solo escuchó el primer disparo y el grito desesperado de su esposa.
Rodolfo cayó hacia delante, quedando tendido entre las ruedas delantera derecha del taxi y la trasera izquierda de un Citroën estacionado. El impacto lo hizo golpearse contra el paragolpes trasero del Citroën, arrancándolo. Una vez que el autor de los disparos, con la cara cubierta por una media de mujer, terminó de vaciar su arma, él y sus cómplices abordaron el auto y se dieron a la fuga.
Elena, con una herida en el rostro por la bala que le atravesó el labio, corría afligida gritando: “¡Mataron a mi marido!”, mientras era socorrida por un médico que salió de su casa. En el asfalto, el cuerpo del “Pelado” se desangraba. Tenía solo 37 años.
En Argentina, los preparativos se encontraban en marcha para rendir homenaje a Juan Domingo Perón, quien había fallecido un mes antes. Durante esos días, la política local se tornaba cada vez más tensa. La facción más conservadora del justicialismo, que había comenzado a prevalecer durante el gobierno de Perón, continuaba consolidándose alrededor de su sucesora, María Estela Martínez de Perón, y buscaba eliminar cualquier oposición a nivel nacional y provincial.
Los medios informaban sobre el respaldo de la Cámara de Diputados de la Nación para la intervención de Mendoza, donde Alberto Martínez Vaca, uno de los últimos representantes del sector más progresista del peronismo, enfrentaba una crisis en su cargo. A la par, “El Brujo” José López Rega, desde el Ministerio de Bienestar Social, intensificaba la represión a través de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), cuyos atentados y amenazas de muerte se multiplicaban. La primera acción atribuida oficialmente a la Triple A fue un atentado el 21 de noviembre de 1973 contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, quien sobrevivió milagrosamente a pesar de resultar gravemente herido.
Además, el grupo presentó un listado de decenas de “condenados a muerte”, que incluía militares de trayectoria democrática, políticos, artistas, periodistas y activistas. Ortega Peña figuraba en esa lista. “El Pelado” era el único legislador de la izquierda peronista que mantenía su banca tras la renuncia de ocho diputados vinculados a la Juventud Peronista en enero de 1974, como protesta contra una reforma del Código Penal que consideraban represiva. A pesar de ello y aunque no estaba alineado con la conducción de Montoneros, decidió permanecer en su cargo, convencido de que el Congreso era un espacio viable para la lucha política.
Esa misma noche, después de cumplir con sus responsabilidades legislativas, Ortega Peña salió del Congreso como cualquier otro día, sin la protección que otros colegas habían solicitado. El crimen fue claramente una operación letal meticulosamente planeada; sus asesinos lo esperaban.
La Policía Federal no llevó a cabo una investigación adecuada del crimen, y la reconstrucción de los hechos dependió de los relatos de testigos a la prensa. Se supo que, al momento en que el Fairlane verde de los agresores llegó a la cuadra donde se encontraba el taxi de Ortega Peña, otros dos vehículos bloquearon la calle, mientras varios hombres de civil armados desviaban a los transeúntes. A pesar de estar en una zona céntrica, no había policías en las cercanías durante el asesinato, lo que creó una “zona liberada” para los perpetradores.
Un hecho sospechoso también surgió antes del ataque: Ortega Peña había recibido una llamada de un supuesto periodista que pretendía concertar una entrevista, solicitando conocer hasta qué hora podría encontrarlo en su despacho. Después de que Ortega Peña respondiera que podría esperarlo hasta las 21:30, se confirmó que la redacción del diario nunca había hecho ese pedido. Esto dejó claro que la llamada había sido un engaño para determinar cuándo dejaría el Congreso.
Al salir a la hora acordada, “El Pelado” abordó un taxi con su esposa, sin imaginar que los seguirían. Sus asesinos estaban preparados.
A medida que transcurrieron las horas y días posteriores al asesinato, se hizo evidente que el crimen era el resultado de una operación estatal ejecutada por un grupo parapolicial. Un episodio significativo ocurrió cuando el jefe de la Policía Federal, el comisario general Alberto Villar, desestimó a quienes exigían una investigación. Más tarde, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, impidió que el velorio de Ortega Peña se realizara en el Congreso. La represión violenta que sufrieron los asistentes al velorio en la Federación Gráfica Bonaerense resultó en aproximadamente 400 detenciones.
Rodolfo Ortega Peña inició su militancia en la izquierda. Provenía de una acomodada familia antiperonista y se graduó de abogado a los 20 años, mientras simultáneamente estudiaba Filosofía y Ciencias Económicas. Felipe Celesia, coautor de una biografía sobre Ortega Peña, ha declarado que “su lucha política tiene origen en su formación personal. Siendo hijo único, sus padres lo estimularon y él desarrolló una gran ambición de poder, que luego buscaría canalizar en un objetivo humanitario”.
Fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 11 de marzo de 1973, donde pronunció la frase “La sangre derramada no será negociada” al jurar su cargo. Junto a Duhalde, lanzaron la revista Militancia Peronista, que tuvo un fuerte impacto en la militancia de la época. Sin embargo, en junio de 1974, la revista fue clausurada por decreto de Perón y crearon otra publicación, De Frente, que también fue prohibida.
Para el momento de su muerte, el gobierno lo consideraba un enemigo declarado, y López Rega lo tenía en su lista negra debido a sus constantes denuncias del accionar violento de la Triple A. A pesar de ser consciente de que era blanco de los asesinos, Ortega Peña prefirió no aceptar la protección que le ofrecieron, afirmando: “La muerte no duele”. Un antiguo dirigente del PRT-ERP lamentó que no se le hubiera proporcionado protección, a pesar de sus negativas.
Durante los gobiernos de Perón y Martínez de Perón, la organización parapolicial dirigida por López Rega intensificó su actividad. Se estima que, en solo dos años y medio, sus grupos asesinaron a alrededor de 3.000 personas, entre las que se encontraban figuras como el cura Carlos Mugica y el intelectual Silvio Frondizi. Pocas horas después del atentado, la Triple A reivindicó el asesinato de Ortega Peña.
