De acuerdo a lo establecido en la reunión de Labor Parlamentaria, liderada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el Senado procederá a formalizar la solicitud del presidente Javier Milei para retirar el pliego de Michelli. Así, la comunicación oficial será incorporada en la Cámara alta, aunque su tratamiento se aplazará hasta la semana próxima.
El pliego de Michelli ha suscitado una intensa controversia dentro de La Libertad Avanza. La tensión aumentó cuando la senadora Patricia Bullrich informó al presidente, el pasado lunes, que no apoyaría la decisión de retirar la candidatura y expresó su disposición a renunciar como jefa del bloque libertario.
La posición de Bullrich fue respaldada por sectores de la oposición dialoguista, que tradicionalmente forman alianzas con el oficialismo en el Senado.
La calma regresó tras la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles, donde se decidió que la próxima semana se convocará a una nueva sesión para discutir tanto el pliego de Michelli como el pedido de su retiro. Además, Bullrich se reunió en la Casa Rosada con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y luego publicó una imagen del encuentro. “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei”, escribió en sus redes sociales.
En la sesión de hoy, el oficialismo considerará 50 nombramientos de jueces federales de un total de 73 que cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto, perteneciente a La Libertad Avanza. Los 23 nombramientos restantes serán analizados en otra oportunidad. Entre ellos se encuentran los pliegos de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, cuestionados por sus vínculos con figuras de la AFA, como Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. También quedará pendiente la consideración del pliego de Juan Manuel Mejuto, quien es vinculado tanto por el oficialismo como por sectores de la UCR al kirchnerismo y a la agrupación Justicia Legítima.
Entre los 50 pliegos a tratar se encuentra el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, propuesto como vocal del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Además, se incluyen a Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán; Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes; Javier Arzubi Calvo, exsecretario del juez Ariel Lijo; y Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, quien es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, actualmente a cargo de la investigación del caso Libra.
Un tema destacado en la sesión será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, presentado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Esta propuesta incluye modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código Procesal y a otras normativas relacionadas con la propiedad.
Entre los puntos más relevantes, se detallan cambios en el sistema de expropiaciones y desalojos, eliminación de restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros y alteraciones a la Ley de Manejo del Fuego, especialmente respecto a la modificación de uso de suelo en áreas incendiadas. Durante el debate, se excluyó del proyecto la delegación en provincias y municipios de la regularización de barrios populares en el RENABAP.
El proyecto también redefine el cálculo de indemnizaciones por expropiación, limitándolas al valor de mercado y a los daños directos, excluyendo ganancias hipotéticas o valores afectivos. También prohíbe la transferencia de dominio sin pago completo y establece que las ocupaciones temporarias no podrán extenderse más de 60 días. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.
El último asunto a tratar será el acuerdo logrado con bonistas que no participaron en los diversos canjes de deuda y que mantienen litigios contra la Argentina en tribunales estadounidenses. Esta iniciativa, que debe ser ratificada por el Congreso, incluye un pago de US$171 millones destinado a cerrar causas asociadas al default de 2001, con el objetivo de concluir un capítulo judicial pendiente para el país.
El acuerdo fue alcanzado en tribunales de Nueva York, bajo la supervisión de la jueza Loretta Preska, entre representantes argentinos y bonistas que no formaron parte del canje de deuda de 2016. La propuesta requiere aprobación legislativa para su implementación.
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores liderado por Attestor, dos fondos con fallos firmes en contra de Argentina por la cesación de pagos posterior al default. El acuerdo establece un pago único de US$67 millones para Bainbridge y otros US$104 millones para el grupo Attestor.
El entendimiento también impone la suspensión de litigios relacionados con los bonos incluidos y previene nuevas acciones judiciales en torno a la deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque se permite a las partes preservar sus posiciones respecto a resoluciones anteriores.
