Consta de 133 artículos y, según los análisis que circulan entre los diputados que evalúan la propuesta, entre un 30% y un 40% está específicamente orientado a la soberanía y la cuestión de Malvinas. El resto abarca modificaciones de mayor envergadura sobre el sistema de seguridad y defensa.
En los últimos días, la iniciativa ha enfrentado numerosas críticas por incorporar legislación ya existente y por usar términos que han sido cuestionados por organizaciones de prensa, ya que generan inquietudes sobre la libertad de expresión, así como definiciones sobre el combate al terrorismo que ya cuentan con su normativa específica.
Un punto sensible del proyecto se relaciona con la supervisión del mar. Varios informes señalan una posible superposición de competencias entre la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, liderado por la Armada, reabriendo así un debate sobre jurisdicciones.
La cuestión es relevante: ¿quién determina si un incidente en el mar se clasifica como un asunto policial, una infracción administrativa, un delito o una amenaza para la seguridad nacional, requerimiento que activaría la intervención militar?
Este interrogante es crucial ya que, bajo el marco actual, la Prefectura tiene responsabilidades específicas en la seguridad de la navegación y el control sobre los espacios marítimos. El proyecto sumaría nuevas categorías vinculadas con la seguridad nacional que, según críticos, ampliarían el ámbito de intervención de las Fuerzas Armadas.
Un ejemplo ilustra la complejidad del asunto. Un pesquero que opera fuera del marco legal, que omite dar su posición o desobedece una orden, podría estar cometiendo una infracción pesquera, un delito aduanero u otro comportamiento que exigiría la intervención de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, si ese episodio se interpreta también como una amenaza a la seguridad nacional, la propuesta podría plantear la posibilidad de intervención de la Armada.
Según los análisis realizados, el núcleo del problema radica en que el proyecto no definiría con suficiente claridad quién tiene la potestad de realizar esa primera calificación y qué autoridad queda a cargo en cada caso.
Además, el debate se extiende al modo en que el proyecto establece los espacios marítimos sobre los que pretende ejercer las nuevas atribuciones. Los especialistas advierten que el texto debe distinguir de manera clara entre el mar territorial, la Zona Económica Exclusiva (ZEE), los ríos y los lagos, dado que no todos esos ámbitos están sujetos al mismo régimen jurídico.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece diferencias significativas entre estos espacios. En el mar territorial, el Estado ribereño ejerce soberanía, mientras que en la Zona Económica Exclusiva posee derechos soberanos específicos, principalmente relacionados con la exploración y aprovechamiento de recursos naturales.
Esta distinción cobra especial relevancia en el contexto del actual conflicto diplomático con el Reino Unido, que llevó al Gobierno a recurrir a la Convención para iniciar un procedimiento de arbitraje en relación a la explotación de recursos en áreas que Argentina considera ocupadas ilegítimamente.
Por lo tanto, la forma en que se defina en la nueva legislación las atribuciones del Estado sobre los diferentes espacios marítimos es un asunto que trasciende lo técnico.
Otro punto debatido es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que incluiría al Presidente, al jefe de Gabinete, al canciller, a los ministros de Defensa y Economía, a la SIDE y a la Secretaría Legal y Técnica. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad no está incluido en esta lista, lo que ha generado interrogantes.
Los detractores del proyecto argumentan que este nuevo esquema podría ampliar el campo de acción del área de Defensa en materias que hasta ahora eran competencia del sistema de Seguridad Interior.
Adicionalmente, existen preocupaciones sobre las definiciones ambiguas que el proyecto utiliza para describir riesgos, amenazas o desafíos externos. Según una de las fuentes consultadas para este análisis, esta falta de precisión podría abrir la puerta a que situaciones tan diversas como un ciberataque, una operación financiera, una campaña de desinformación, una protesta con apoyo externo, una actividad criminal transnacional o una navegación irregular sean categorizadas, en determinadas circunstancias, como un “desafío externo no cinético”.
Así, la discusión que ahora llega al Congreso trasciende la cuestión de Malvinas; lo que está en juego es la delimitación de las competencias entre la Defensa y la Seguridad Interior en el control del territorio y de los espacios marítimos argentinos.
