La percepción dominante entre los miembros del gabinete es que se cometieron errores en la elaboración del proyecto, lo que generó una discusión que se relacionó erróneamente con la noción de “venta de la patria” y dejó a varios mandatarios provinciales en una situación política complicada.
Sin embargo, en la Casa Rosada consideran que esto no implica que esos gobernantes se hayan convertido en opositores permanentes.
Con esa perspectiva, Diego Santilli intensificará esta semana su acercamiento a las provincias. El jefe de Gabinete planea fortalecer el diálogo con varios gobernadores, con el objetivo específico de reestablecer acuerdos legislativos antes de que el Congreso empiece a considerar un nuevo conjunto de reformas que para Javier Milei son fundamentales en la segunda fase de su administración.
Santilli participará de la reunión del Norte Grande que se llevará a cabo este miércoles en Posadas, Misiones, donde se discutirá un acuerdo con los gobernadores sobre modificaciones al régimen de zonas frías, un tema que ya recibió aprobación en Diputados y necesita la sanción en el Senado.
Simultáneamente, también abordará el régimen de zonas cálidas, que afecta de manera directa a las provincias del norte. Además, el jefe de Gabinete viajará el jueves a Catamarca para reunirse con el gobernador Raúl Jalil, quien se desvinculó de su apoyo en la votación sobre la propiedad privada de la semana pasada.
El martes, en el ciclo Democracia y Desarrollo organizado en el Malba, Santilli se acercó para saludar a los asistentes y presenció el primer panel de legisladores, donde se manifestó con Jalil, quien debía exponer más tarde.
La expectativa oficial es que la relación con los mandatarios no se evalúe proyecto a proyecto, como si cada votación definiera una alineación política estable.
Desde el Gobierno creen que un gobernador puede respaldar una iniciativa y oponerse a otra de acuerdo con sus necesidades provinciales, la presión política a la que esté sometido y las particularidades de cada discusión.
Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Gustavo Sáenz, de Salta, son algunos de los gobernadores que habían establecido comunicación con la Casa Rosada, aunque terminaron involucrados en una votación que complicó al oficialismo. En ciertos casos, senadores de esas provincias se desmarcaron de la postura que se esperaba desde el Gobierno.
Para la Casa Rosada, esto no es suficiente para concluir que esos mandatarios han dejado de ser aliados. Mucho menos para asumir que, de aquí en adelante, votarán sistemáticamente en contra de los proyectos de Milei.
La señal que busca transmitir Santilli es precisamente la contraria: las negociaciones están abiertas.
El Ejecutivo enfrenta una agenda legislativa que obliga a establecer acuerdos con sectores que no forman parte de La Libertad Avanza.
Entre las iniciativas que están en su horizonte se encuentran el denominado “Súper RIGI”, la esperada reforma política, y, en una medida especialmente significativa para Milei, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que fue anunciada por cadena nacional hace dos semanas.
Desde la Casa Rosada reconocen que hubo fallas en el manejo político del proyecto de tierras, que fue retirado en medio de la discusión en el Senado. En particular, admiten que esta situación generó un costo que superó ampliamente el contenido técnico de la propuesta.
La iniciativa había sido presentada como parte de un esquema para fortalecer el derecho de propiedad, pero el debate público se centró en la posible facilitação de adquisición de tierras por parte de extranjeros y los cambios al régimen de tierras rurales.
El asunto se cargó rápidamente de una fuerte discusión simbólica. La oposición logró imponer la consigna de que se trataba de una medida que podía afectar la soberanía territorial y, bajo el lema “la patria no se vende”, desplazó el eje del debate a los términos inicialmente propuestos por el Gobierno.
Finalmente, el oficialismo tuvo que eliminar del proyecto el apartado referente a la venta de tierras a extranjeros para intentar salvar el resto de la iniciativa en el Senado. En la Casa Rosada, reconocen que esta dinámica generó una situación especialmente incómoda para los gobernadores.
Para muchos de ellos, sostienen fuentes del ejecutivo, votar a favor de ciertas cláusulas del proyecto implicaba asumir un costo político innecesario ante sus respectivas sociedades. Una vez que la discusión se planteó en términos de soberanía y territorio, la posibilidad de obtener un respaldo automático se hizo mucho más compleja.
Incluso dentro del oficialismo se han expresado críticas sobre la forma en que se comunicó la iniciativa, señalando al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y a otro ministro. Las declaraciones de diversos funcionarios, incluido el canciller Pablo Quirno, quien comentó que si se aplicaran los nuevos cambios, alimentaron una discusión ya cargada de suspicacias sobre la llegada de capital extranjero.
La evaluación actual en el Gobierno sostiene que el problema no se limitó al contenido del proyecto, sino que también incluyó una deficiente comunicación, un proceso de negociación legislativa excesivamente prolongado debido a la salida tardía de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete y un clima político que terminó dejando a los gobernadores en una situación comprometida.
La conclusión que se extrae no es abandonar la negociación con las provincias, sino llevar a cabo un proceso de negociación más efectivo y anticipado.
Paralelamente, en la Casa Rosada son conscientes del papel que desempeñó Sergio Massa en la formación de una postura opositora en torno a la ley. Sin embargo, no consideran que esta intervención haya alterado de manera definitiva el mapa de alianzas.
La lectura oficial adopta un enfoque pragmático: Massa es parte de la oposición y, por ende, resulta lógico que busque obstaculizar los objetivos parlamentarios del Gobierno.
No obstante, no piensan que esta intervención haya convertido automáticamente a los gobernadores que dialogan con el peronismo no kirchnerista en aliados permanentes del exministro de Economía.
En otras palabras, no prevén que senadores vinculados a Jalil, Jaldo o Sáenz, por citar tres ejemplos, vayan a votar sistemáticamente con Massa solo por haber coincidido en una ley específica.
En la Casa Rosada sostienen que esas relaciones siguen siendo negociables y que los gobernadores tienen intereses concretos que los impulsan a mantener canales abiertos tanto con el Gobierno Nacional como con los distintos sectores del Congreso.
