Renuncia del administrador de la obra social militar en medio de crisis financiera

El coronel mayor retirado Ariel Guzmán dejó su cargo como administrador encargado de la liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en el marco de una crisis financiera que incluye una deuda superior a los $200.000 millones con prestadores y conflictos en torno a la continuidad de los servicios. La decisión se produjo tras una reunión entre Guzmán y el ministro de Defensa, Carlos Presti. Según trascendió, había desacuerdos en relación con el avance de la liquidación del organismo anterior y el tránsito hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). La crisis ocurre en un contexto donde ambas entidades coexisten de manera temporal. En febrero, mediante el DNU 88/2026, el Gobierno estableció la OSFA como un ente autárquico bajo el Ministerio de Defensa, ordenando simultáneamente la disolución y liquidación del IOSFA. La nueva obra social es responsable de brindar cobertura médico-asistencial a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus beneficiarios. Mientras la OSFA avanza en su implementación y recibe los aportes de los afiliados, el IOSFA sigue con su proceso de liquidación, arrastrando pasivos que se estiman en aproximadamente $213.000 millones. La transición aún no ha finalizado. En agosto, el Gobierno aprobó la estructura organizativa de la OSFA y, el 14 de septiembre, se publicó el régimen administrativo y de control que rige su funcionamiento, cuyo objetivo es asegurar la continuidad de las prestaciones y la sostenibilidad financiera de la nueva entidad. Paralelamente, los trabajadores organizados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevaron a cabo una protesta en la sede central de la obra social, ubicada en Paso 551, en el barrio porteño de Balvanera. Durante la manifestación, representantes del sindicato ingresaron al edificio. ATE, bajo la conducción de Rodolfo Aguiar, expresó que alrededor de 600 empleos están en peligro debido a la reorganización del organismo y alertó sobre posibles cierres y modificaciones en diversas dependencias de la obra social. El sindicato sostiene que estos cambios impactarían en 13 hoteles y dos complejos recreativos, en su mayoría localizados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, además de poner en duda el futuro de las farmacias propias. Según ATE, la reestructuración podría resultar en despidos y la posibilidad de que empleados estables queden en disponibilidad. “No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad”, manifestó Aguiar durante la protesta. El dirigente advirtió que, si no se reciben respuestas, podrían intensificar las medidas de fuerza. El sindicato también denunció interrupciones en las prestaciones médicas, atribuyéndolas a la situación financiera heredada por la nueva estructura. ATE manifiesta que hay dificultades para asegurar servicios básicos a los afiliados y exige que la reorganización no acarree cierres de dependencias ni pérdida de empleos. Esta problemática ha llegado también a diversas localidades del interior del país, donde trabajadores civiles de diferentes dependencias militares han estado reclamando por descuentos salariales relacionados con la obra social, en medio de denuncias de impedimentos para acceder a ciertas prestaciones.