El Ministerio de Comercio de China ha oficializado un paquete de contramedidas económicas dirigidas a Washington, fundamentadas en lo que Pekín considera una violación del consenso entre ambos jefes de Estado. Este endurecimiento de la postura china surge como respuesta directa a las limitaciones dispuestas por el gobierno estadounidense, incluyendo la prohibición de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) sobre la importación de drones chinos y la incorporación de 43 empresas del gigante asiático a la lista de entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur por parte del Departamento de Seguridad Nacional.
La escalada afecta críticamente al mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV). China ha implementado una revisión obligatoria caso por caso para las exportaciones de drones, sus componentes y tecnologías relacionadas, clasificándolos como bienes de doble uso (civil y militar). Paralelamente, se ha vetado la vinculación comercial con seis firmas estadounidenses, destacando sanciones específicas contra Applied DNA Sciences y la organización Human Rights in China. Asimismo, se prohibió operar en territorio chino a Compliance Testing LLC, acusada de colaborar con la FCC en perjuicio de la soberanía nacional.
En el plano regulatorio, la Administración Estatal de Regulación del Mercado ha modificado los protocolos de la certificación CCC (China Compulsory Certificate), esencial para garantizar normas de seguridad en productos electrónicos. Bajo la nueva normativa, las empresas estadounidenses ya no podrán emitir estas certificaciones tras realizar inspecciones en fábricas. En consecuencia, los fabricantes que operen con productos certificados deberán contratar auditores con base fuera de los Estados Unidos o recurrir a otros organismos internacionales designados, alterando profundamente las cadenas de suministro y validación técnica vigentes hasta la fecha.
