Pascual, responsable del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 de Lomas de Zamora, argumentó en su fallo que no se contaban con las condiciones necesarias para implementar la norma. Señaló que la inclusión inmediata de adolescentes de 14 y 15 años en el Régimen Penal podría incrementar la cantidad de jóvenes privados de libertad, dado que los dispositivos existentes no estaban capacitados para recibir una mayor población cumpliendo con los estándares requeridos.
Sin embargo, este martes, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó esta medida cautelar que había postergado por 60 días la implementación del nuevo Régimen, ratificando la validez de la ley.
La Cámara consideró que las circunstancias invocadas no justificaban la suspensión general de la normativa y aseguró que las leyes deben presumirse legítimas, recomendando que cualquier exclusión se realice mediante un control en casos específicos.
En declaraciones a Radio 750, Berni fue muy crítico: “Tiene que ver con una definición política de una jueza tendiente a parar la aplicación diciendo que no estaban dadas las condiciones 180 días después de que se promulgó”, recalcó el exministro.
Agregó que la jueza afirmó que no existían condiciones para la detención de menores, aunque no hizo la misma observación el día de la promulgación de la ley, la cual le otorgaba un plazo de 180 días para adecuar el sistema.
“Me parece que, lejos de haber sido un análisis real de los lugares de detención, está influido por cuestiones políticas”, apuntó.
Berni también mencionó que, sin esta legislación en Buenos Aires, cualquier fiscal podría solicitar la detención de un menor si lo considera peligroso.
“Hay menores de 14 años detenidos. Si esta jueza dice que las condiciones no son las adecuadas para la resocialización, surge la pregunta de qué sucede con estos jóvenes. La situación es compleja”, afirmó.
Por otra parte, el senador no mostró optimismo al evaluar la ley: “Creo que Argentina perdió la oportunidad de instaurar un proceso de reforma juvenil que sirviera de modelo en el mundo”, lamentó.
Destacó que se debatió sobre la reducción de la edad de imputabilidad, la cual se estableció en 14 años de manera “arbitraria”, ya que “no hay explicación válida para determinar que a los 14 años se es imputable”.
“Existen procesos en el desarrollo humano que son temporales. Por ejemplo, el embarazo lleva nueve meses; la ovulación se produce cada 28 días. No hay un consenso sobre cuándo es el proceso de neuromadurez de un niño. La imputabilidad debería estar relacionada con esto”, comentó.
Aseguró que las penas son necesarias para la resocialización de las personas, y en el caso de los menores, esta debe ser contundente, indicando que aún es posible desviarlos de la criminalidad y convertirlos en individuos productivos.
Advirtió que simplemente reducir la edad de imputabilidad podría tener efectos contraproducentes: “Es fundamental realizar una evaluación psiquiátrica. Si el menor comprendió su acción delictiva, debe enfrentar un proceso penal, recibir una sentencia y comenzar su resocialización”, destacó.
“Con una edad límite, las bandas criminales, que anteriormente reclutaban a menores de 16 años, ahora están incorporando a niños de 14, iniciándolos antes en el delito. Esto puede acarrear consecuencias adversas”, concluyó.
Finalmente, expresó: “Me parece que esta ley fue creada con fines electoralistas y, lejos de solucionar un problema, podría agravarlo. La reducción de la edad de imputabilidad era necesaria, pero el modo en que se implementó es incorrecto.”
