La causa se origina a partir de una denuncia presentada por el gobierno de Javier Milei, en la cual el fiscal ha solicitado investigar a los responsables de Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, ambas vinculadas al proyecto Sea Lion.
La estrategia de Stornelli tiene como objetivo esclarecer la posible responsabilidad de los directivos en las decisiones relacionadas con actividades hidrocarburíferas que el Gobierno argentino considera ilegales debido a que se llevan a cabo sin la autorización correspondiente.
La investigación no solo se limitará a identificar qué empresas están involucradas en los proyectos; el fiscal también busca determinar quiénes han intervenido en las decisiones empresariales, qué sociedades se utilizaron y cuál fue el circuito económico detrás de las operaciones.
En este contexto, Stornelli ha solicitado una reconstrucción de los movimientos económicos y financieros de dichas compañías. Esta acción tiene como meta identificar el origen y destino de los fondos, las operaciones realizadas y las relaciones entre las diferentes entidades involucradas.
El alcance de esta indagación incluye a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que están participando en el desarrollo del proyecto Sea Lion, una iniciativa ubicada en la Cuenca Malvinas Norte. Este proyecto prevé la explotación de hidrocarburos en una zona que Argentina reclama como parte de su soberanía.
Los delitos que se están investigando podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión, según las figuras penales que podrían resultar aplicables si se comprueban las conductas denunciadas.
La imputación de los directivos representa un nuevo avance en el proceso impulsado por el Gobierno, que busca transferir la responsabilidad más allá de las personas jurídicas y alcanzar a aquellos que han tenido un papel activo en las decisiones empresariales.
Sea Lion se destaca como uno de los desarrollos petroleros más relevantes en las aguas cercanas a las Islas Malvinas. Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum están colaborando en su desarrollo con el objetivo de avanzar hacia una fase de producción.
La presentación de Stornelli coincide con nuevas acciones que el Gobierno está llevando a cabo contra las empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
El portavoz presidencial, Adrián Ravier, ha confirmado que se ampliarán las denuncias existentes y se presentarán nuevas acciones contra las compañías que, según la postura oficial, operan sin autorización argentina y en contravención de la Ley 26.659.
La primera denuncia de esta nueva fase se dirigió contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Gobierno sostiene que estas empresas llevan a cabo actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin contar con la autorización de las autoridades argentinas.
