Este encuentro se lleva a cabo tras un fin de semana en el que el Gobierno inició la implementación de medidas concretas a partir de los anuncios presidenciales. Entre las acciones, se incluye el avance contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las islas, así como una respuesta positiva por parte de importantes empresas internacionales del sector petrolero y el apoyo del empresariado local.
El primer paso significativo fue la emisión del Decreto 868/2026, que después de la cadena nacional, reglamentó y endureció las sanciones estipuladas por la Ley 26.659 para aquellas empresas que operen en Malvinas sin autorización de Argentina. Esta regulación designó a la Cancillería como autoridad competente y estableció un protocolo para llevar a cabo investigaciones y sanciones. Asimismo, el Gobierno determinó que las empresas que busquen acceder a permisos, concesiones o beneficios deben demostrar conformidad con la legislación argentina sobre actividades hidrocarburíferas en el área en disputa.
La aplicación de este nuevo marco regulatorio ya ha comenzado. Según fuentes oficiales, la Cancillería ha iniciado procedimientos sancionadores contra 45 individuos y empresas acusadas de realizar actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas sin la debida autorización. Este grupo incluye a empresas que operan directamente en esos proyectos, sus accionistas y otros actores relacionados.
La ofensiva jurídica avanzó este martes con una denuncia penal interpuesta por el canciller Quirno, respaldado por Sebastián Amerio, procurador del Tesoro. La denuncia recae sobre Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas, así como sobre los directivos que pudieran haber participado en las actividades cuestionadas.
Desde el Gobierno afirman que estas empresas poseen licencias otorgadas por el Reino Unido para explorar o extraer hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, lo que consideran una violación de la Ley 26.659. Esta denuncia está particularmente relacionada con el proyecto Sea Lion, que Navitas desarrolla junto a la compañía británica Rockhopper.
Un efecto inmediato del endurecimiento de la postura oficial fue la reacción de tres gigantes mundiales del sector petrolero: SLB, Halliburton y Baker Hughes. Las mencionadas empresas comunicaron que no participarían, ni tienen intenciones de participar, en licitaciones para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y sus aguas circundantes. Estas compañías tienen una fuerte presencia en Argentina y en Vaca Muerta, por lo que el Gobierno interpretó sus anuncios como señales de que el nuevo enfoque podría influir en futuras iniciativas petroleras en las islas.
Sin embargo, es importante destacar que ninguna de estas empresas está actualmente involucrada en el proyecto Sea Lion, lo que significa que sus manifestaciones se limitan a futuros desarrollos sin afectar el avance de este proyecto en específico, que sigue en pie con Navitas poseyendo el 65% y Rockhopper el 35% de la iniciativa, que busca iniciar la producción en 2028.
El Ejecutivo también recibió una importante señal política del sector empresarial. El Grupo de los Seis (G6), conformado por ADEBA, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina, manifestó su apoyo al reclamo de soberanía sobre Malvinas y a las medidas orientadas a proteger los recursos naturales de la región.
En su comunicado, las entidades afirmaron que la cuestión de Malvinas debería ser considerada una política de Estado, trascendiendo las diferencias partidarias, y abogaron por la vía diplomática y la negociación pacífica.
El respaldo del sector empresarial le otorgará al Gobierno la posibilidad de demostrar que la disputa por los recursos del Atlántico Sur no es un tema exclusivo de su administración, sino que cuenta con el respaldo de importantes sectores económicos ante las acciones enérgicas contra las empresas que operen sin autorización.
La Mesa Política también abordará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, ya anunciado por el presidente en cadena nacional. Según lo acordado en la reunión del Gabinete del lunes, esta iniciativa comenzará su proceso legislativo en la Cámara de Diputados.
El proyecto contempla tres ejes principales. El primero consistirá en modificar la Ley 26.659 para intensificar las sanciones a aquellas empresas involucradas en actividades no autorizadas en Malvinas, extendiendo las mismas penas a sus proveedores. También prevé la posibilidad del juicio en ausencia, cuando corresponda.
El segundo eje establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule acciones entre Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Y el tercero busca implementar herramientas para la protección de infraestructura crítica, así como de los espacios aeroespaciales y marítimos.
La inclusión de Quirno y Presti en la Mesa Política tiene como objetivo definir los últimos detalles del proyecto antes de presentarlo al Congreso, dado que se intersectan las competencias de ambos ministerios: Cancillería asumirá un rol principal en la estrategia diplomática y la ejecución del régimen de sanciones, mientras que Defensa se ocupará del componente de seguridad y el fortalecimiento de las capacidades argentinas en el Atlántico Sur.
La agenda relacionada con Malvinas no se limita únicamente al aspecto judicial y legislativo. El Gobierno ha integrado el proyecto de construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027.
El lunes, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar este proyecto y otros estratégicos que fortalezcan la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos. El Presupuesto debe ser presentado al Congreso el 15 de septiembre.
De este modo, la reunión de hoy funcionará como un espacio de coordinación política en torno a una agenda que se despliega en múltiples frentes: sanciones administrativas, denuncias penales, presión sobre las empresas petroleras, un nuevo proyecto legislativo, fortalecimiento militar y acciones en el ámbito parlamentario.
La expectativa del Gobierno es que los anuncios no se reduzcan a meras declaraciones de soberanía, sino que se plasmen en un conjunto de medidas concretas para detener la explotación de hidrocarburos en las islas y, al mismo tiempo, reforzar la posición argentina en el Atlántico Sur.
