Los únicos imputados hasta el momento son Ana María Conte, jubilada, y su hijo Luciano Pantano, monotributista, quienes, según se ha indicado en documentos judiciales, poseían una tarjeta corporativa de la AFA a su nombre. Ambos figura como titulares de Real Central SRL, la firma propietaria de la quinta de Villa Rosa que es objeto de la causa.
El expediente se originó a raíz de una denuncia presentada por la Coalición Cívica por presunto lavado de dinero. La hipótesis principal sugiere que Conte y Pantano podrían actuar como testaferros para autoridades de la AFA, siendo el tesorero Pablo Toviggino el más señalado en este entramado. Se hallaron, en el predio, un bolso con su nombre y una placa otorgada por el club Barracas Central en reconocimiento a él. Las autoridades de la AFA han rechazado todas las acusaciones. Con el tiempo, la causa se amplió al incluir otra investigación sobre diversos contratos de la AFA; entre ellos, el acuerdo con TourProdEnter, una empresa estadounidense responsable de la recaudación de ingresos en el exterior de la asociación presidida por Tapia. Según documentos bancarios analizados, TourProdEnter recibió más de 260 millones de dólares y transfirió al menos 57 millones a otras empresas en Miami, sin que se registrara actividad o empleados. Se sospecha que ambos casos están interrelacionados, particularmente en lo que respecta al uso irregular de fondos de la AFA, explorando también si se adquirieron otros activos, como vehículos y caballos, con dinero de la institución.
El caso ha pasado por cuatro jueces: Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y Verónica Straccia. Actualmente se encuentra nuevamente bajo la jurisdicción de González Charvay. Los movimientos más significativos en esta causa comenzaron en diciembre, con un allanamiento al predio de Pilar por parte de Rafecas. Posteriormente, la Cámara Federal dictó que el caso debía ser manejado por el fuero penal económico, resultando en la asignación a Aguinsky. Tras un intercambio de peticiones, intervino la Cámara Federal de San Martín, que falló a favor de González Charvay, quien mantuvo el expediente hasta mayo y, durante ese tiempo, recibió la causa de Luis Armella vinculada a TourProdEnter. Los conflictos de competencia continuaron, y la Casación, en una nueva composición, decidió remitir el caso a la Cámara Penal Económica, que determinó que Straccia se quedara con él. Sin embargo, esta resolución no fue definitiva; los presuntos testaferros solicitaron de nuevo que el caso regresara a González Charvay, lo que fue finalmente resuelto a su favor por la Casación.
A pesar de la fuerte denuncia que apunta a la AFA y de los objetos encontrados en la quinta que vinculaban a Toviggino, no hay imputaciones contra él ni contra otros miembros de la AFA en la causa actual. También se han documentado conexiones entre Toviggino, TourProdEnter y Real Central.
Una de las relaciones más explícitas se establece a partir de registros bancarios confidenciales obtenidos, que evidencian que TourProdEnter transfirió 40.000 dólares a la pareja de Toviggino, María Florencia Sartirana, un movimiento que data del 30 de diciembre de 2024.
La quinta de Pilar aparece documentada bajo Real Central y, anteriormente, había sido propiedad de la empresa Malte. Ambas firmas también fueron dueñas de un inmueble de 217 m² en Belgrano, anteriormente registrado a nombre de Sartirana, quien lo adquirió en 2020, tras lo cual lo vendió a SOMA SRL. Este último también tuvo vínculos con un individuo llamado Darío Fabián Toviggino y posteriormente fue transferido a Malte y Real Central.
Ambos imputados están procesados en un caso por supuesta evasión tributaria bajo la lupa del juez Diego Amarante, quien los acusa de no haber cumplido con el pago puntual de más de 19.000 millones de pesos en impuestos y aportes patronales, en una denuncia promovida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El juez había solicitado que el caso de la quinta de Pilar fuera integrado a su causa, sin éxito. Por otra parte, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención de Tapia y Toviggino en una causa por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita, aunque la Justicia no hizo lugar a la solicitud. La Cámara Federal de San Martín debe definir la tramitación de este caso. Según el fiscal, Tapia y Toviggino habrían lavado dinero de procedencia ilícita mediante tres mecanismos: defraudación contra la AFA, evasión impositiva con el uso de facturas falsas y omisión en la liquidación de divisas y en la adquisición de moneda extranjera en el mercado informal.
