En una reciente entrevista en el streaming “Economía de Quincho”, Sturzenegger enfatizó que la simplificación de regulaciones tiene un impacto directo en los emprendedores y en las firmas de menor envergadura, quienes son los más perjudicados por los elevados costos administrativos derivados de los trámites gubernamentales.
“Todo el esfuerzo de desregulación es eminentemente pro pyme”, afirmó. Explicó que cada regulación representa una barrera de entrada que las grandes organizaciones pueden atravesar con mayor facilidad gracias a sus recursos y estructuras, mientras que para una nueva empresa o un emprendedor representa un impedimento considerable.
El ministro subrayó que la agenda oficial tiene como objetivo facilitar la creación de nuevos negocios y fortalecer un entorno competitivo. “Cuando un emprendedor arranca es chico por definición”, destacó, enfatizando que la innovación de nuevos actores es clave para desafiar modelos productivos establecidos y fomentar el crecimiento económico.
Sturzenegger también relacionó la desregulación con una estrategia de mayor transparencia en las instituciones. “Cada trámite es una oportunidad para la corrupción”, argumentó mientras defendía la eliminación de procedimientos que, en su opinión, generan costos innecesarios para ciudadanos y empresas.
Acerca del avance del programa de desregulación, el ministro confirmó que la gestión ya ha realizado importantes progresos desde el inicio del proceso con las facultades delegadas y posteriores reformas. “Para fin de año estamos proyectando alcanzar un 50%”, afirmó en relación a las regulaciones consideradas para su revisión o eliminación.
Asimismo, el funcionario destacó la necesidad de cambiar la lógica de operación de muchas administraciones públicas. Explicó que el modelo tradicional supone desconfianza hacia aquellos que buscan iniciar una actividad económica. Frente a esto, sugirió un enfoque donde el emprendedor pueda comenzar a operar de inmediato, sometido luego a controles para asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y funcionamiento.
Según su opinión, este tipo de mecanismos reduciría costos y tiempos para quienes desean invertir o abrir un nuevo negocio. El ministro también criticó la proliferación de organismos descentralizados creados en las últimas décadas, los cuales, según sostuvo, han establecido mecanismos de financiamiento a través de tasas, aranceles y cobros administrativos.
Afirmó que muchas de estas estructuras contribuyeron a una ‘inflación de trámites’ cuyo verdadero propósito es recaudatorio. Por eso, apoyó la política de centralización administrativa del Gobierno, que considera necesaria para minimizar gastos para la sociedad y evitar la multiplicación de organismos con capacidad de cobro autónoma.
Durante la conversación, también se refirió a la acumulación de normas que pueden restringir derechos ya garantizados por la Constitución. Como ejemplo hipotético, planteó que una actividad permitida constitucionalmente puede verse condicionada a inscripciones previas en registros o a autorizaciones impuestas por leyes específicas posteriores.
Apuntó que numerosas regulaciones construyen estructuras burocráticas que limitan libertades económicas reconocidas por la normativa fundamental. Este fenómeno es especialmente notable si se compara con el desarrollo de la navegación comercial en países vecinos. Sturzenegger mencionó a Paraguay, cuyo desarrollo en esta área supera al de Argentina a pesar de no contar con acceso directo al mar.
Un aspecto clave de la entrevista fue la evaluación de la relación entre regulación y competencia. El ministro aclaró que las empresas más grandes tienden a adaptarse mejor a los requerimientos burocráticos y, en ciertos casos, utilizan estas regulaciones como barreras que dificultan la entrada de nuevos competidores.
Argumentó que mientras las pymes enfrentan los costos de dicha regulación, las empresas consolidadas pueden beneficiarse de forma indirecta, ya que esos requisitos desincentivan la aparición de nuevos rivales. A partir de este análisis, planteó que existe una lucha constante entre quienes abogan por una mayor apertura económica y aquellos que buscan mantener sus posiciones dominantes a través de normativas específicas.
Incluso utilizó una metáfora basada en la película Jurassic Park para describir la conducta de grupos de interés que buscan influir sobre el Estado. Comparó a las grandes empresas con velociraptores que constantemente buscan debilidades en el sistema para obtener ventajas regulatorias.
Al final de su exposición, Sturzenegger conectó el debate sobre la regulación con una discusión más extensa acerca del modelo económico argentino. Citó las teorías de Daron Acemoglu y James Robinson en el libro Why Nations Fail, donde se analiza cómo ciertos grupos emplean las instituciones para mantener privilegios y limitar la competencia.
A partir de esta perspectiva, expuso que muchos países se ven atrapados en procesos de estancamiento cuando sectores con poder económico o político utilizan el Estado para proteger rentas ya adquiridas. En el contexto argentino, describió esta situación mediante lo que denominó el ‘Triángulo de las Bermudas’, conformado por sindicatos, el capitalismo de amigos y el peronismo como administrador político de ese entramado.
Desde esta óptica, concluyó que las políticas de desregulación no solo persiguen objetivos económicos relacionados con la competencia y la productividad, sino también una meta política: reducir el poder de aquellos actores que, según su evaluación, obstaculizan transformaciones estructurales y limitan el crecimiento.
En un anuncio adicional, Sturzenegger mencionó que en los próximos días el Gobierno implementará un sistema de exportación postal destinado a facilitar las ventas de pequeñas empresas y emprendedores argentinos en el extranjero.
El funcionario observó que hoy existe una asimetría notable entre la facilidad con que los consumidores adquieren productos en plataformas internacionales como Temu y Shein, y los desafíos que enfrentan las empresas locales para exportar sus productos.
Aclaró que actualmente, las exportaciones de pequeña escala dependen de servicios de courier, cuyos precios son a menudo prohibitivos para muchos emprendimientos. En cambio, el sistema postal funciona mediante acuerdos de reciprocidad entre correos oficiales, lo que permite reducir considerablemente los costos logísticos.
“¿Sabés que no se puede hacer exportación postal? No se puede. Nadie lo pensó”, afirmó el ministro.
Sturzenegger aseguró que esta medida ya está en fase de revisión jurídica y técnica y se implementará en el futuro cercano. Consideró que esta iniciativa permitirá a pequeñas empresas argentinas comercializar sus productos a través de plataformas globales de e-commerce y acceder a mercados internacionales con menores costos de envío.
Además, expresó que la introducción de esta alternativa más económica podría forzar a los operadores privados de courier a reconsiderar sus tarifas, fomentando una mayor competencia en el ámbito logístico.
Esta propuesta se suma a otras acciones del Gobierno orientadas a facilitar el comercio exterior para pequeñas empresas, como la eliminación de restricciones en ciertas exportaciones y la reducción de trámites burocráticos que, según la administración, limitaban el acceso de las pymes a mercados internacionales.
