La pericia se realizó esta mañana, cuando Beatriz Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, quien estuvo detenido durante 11 años antes de ser absuelto por el crimen, se presentó de forma voluntaria junto a su perito al Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para someterse a un hisopado bucal de ADN, solicitado por el juez de Garantías Ignacio Colombo.
Beatriz estuvo acompañada por su abogado, Carlos Manuel Garrido, director de Innocence Project Argentina, quien había denunciado “el brutal traslado por la fuerza pública” de Yapura el viernes pasado, cuando se resistió a la pericia.
“Están ocurriendo cosas vergonzosas en los tribunales de Salta, donde están denunciando a periodistas y a abogados”, comentó Garrido después de la extracción.
“Yo vengo diez veces si es necesario, pero que cumplan con la ley”, enfatizó Yapura al salir del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta.
El viernes anterior, Yapura había rechazado proporcionar una muestra genética solicitada por la Fiscalía, en el contexto de una nueva diligencia que busca comparar su ADN con rastros biológicos femeninos hallados por el laboratorio IFEG en Francia.
Innocence Project Argentina emitió un comunicado afirmando: ‘Nada vincula a Beatriz con el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumi. No está imputada. No existe una sospecha concreta en su contra. Lo único que la une a esta causa es ser la esposa de un hombre condenado erróneamente’.
Además, denunciaron que ‘oficiales la arrastraron por la fuerza para obtener una muestra de ADN, a pesar de que su defensa había apelado la orden que autorizaba esa extracción’. También destacaron que ‘este proceder carece de racionalidad y viola garantías básicas reconocidas por la Constitución Nacional. Afecta su libertad, su integridad física y psíquica, su intimidad genética, su dignidad, su derecho de defensa y el debido proceso’.
Por último, enfatizaron: ‘La extracción compulsiva de ADN no es una diligencia menor ni puede ejecutarse como si fuera un trámite común. Es una prueba corporal invasiva, que exige control judicial estricto, fundamentación reforzada, necesidad concreta y proporcionalidad’.
La organización expresó su indignación ante la situación, señalando que ‘al dolor infligido por la persecución injusta y la detención de Santos Clemente Vera durante más de diez años, se suma ahora el hostigamiento estatal contra Beatriz. Lo ocurrido duele e indigna. No es justicia. Es violencia institucional contra la familia de una persona condenada por error’.
