Durante el debate en el Senado, el 27 de febrero, Patricia Bullrich defendió la reforma, afirmando que “crea empleos” y “baja impuestos”, además de indicar que facilitaría la incorporación de más trabajadores al ámbito formal. Por su parte, Mariano Recalde, desde la oposición, advirtió que la reforma no traería mejoras en los indicadores laborales y cuestionó la lógica de que la reducción de derechos laborales condujera automáticamente a nuevas contrataciones.
Siete meses después de la promulgación de la Ley de Modernización Laboral 27.802, las cifras revelan que el empleo privado formal aún no muestra señales de recuperación, con un 45% de informalidad en el mercado laboral y un descenso en el número de empresas que contratan personal.
El empleo asalariado privado registrado, que es un indicador clave de la evolución laboral, se situó en aproximadamente 6,09 millones de trabajadores en junio de 2026, lo que representa una disminución mensual del 0,1%. Incluir otras modalidades laborales eleva el total a 12,757 millones, también con una caída del 0,1% en el mismo periodo.
La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), elaborada por la Secretaría de Trabajo, ofrece datos más recientes, revelando que en julio no hubo variaciones respecto a junio, aunque en términos interanuales se registró una caída del 1,1% en el empleo de los principales aglomerados, incluyendo el Gran Buenos Aires y varias ciudades del interior.
Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), crítico respecto a la reforma, señala que desde el cambio de gobierno se han perdido 241.200 empleos formales en el sector privado, y que la implementación de la reforma ha llevado a una disminución de aproximadamente 36.000 puestos. También se menciona que el empleo privado registrado ha estado en caída durante 13 meses consecutivos, y que la tasa de entrada de nuevos trabajadores ha descendido a un 1,6%, una muestra de las dificultades para acceder al mercado laboral formal.
Contrariamente, el presidente Milei ha señalado públicamente la creación de cientos de miles de empleos en el sector informal, a lo que se sumaron decenas de miles de despidos en el sector estatal. Según datos del INDEC, la tasa de desocupación fue del 7,9% en el segundo trimestre de 2026, en comparación con el 7,6% del mismo periodo del año anterior. La tasa de empleo se estableció en 45%, y la tasa de actividad en 48,9%.
Un aspecto notable es el aumento de la informalidad laboral, que alcanzó al 45% de los trabajadores, lo que representa un incremento de 1,8 puntos respecto al segundo trimestre de 2025. Según un informe de la UBA y el CONICET, este aumento equivale a 348.000 trabajadores informales adicionales en el último año, de los cuales la mayoría, 316.000, eran trabajadores por cuenta propia, lo que representa aproximadamente el 91% del aumento total.
Entre los trabajadores cuentapropistas, la informalidad alcanzó el 65,8%, mientras que en el caso de los asalariados fue del 37,9%, lo que ilustra que el deterioro del empleo formal no se traduce necesariamente en un aumento proporcional del desempleo abierto.
El análisis de la Universidad Austral revela que las condiciones laborales varían significativamente según la región. En la zona Sur, que incluye Neuquén y Río Negro, vinculada al desarrollo hidrocarburífero, la actividad económica creció un 2,1% en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Allí, la tasa de desempleo llegó al 2,5%, y la de empleo aumentó en 2,7 puntos porcentuales.
Por el contrario, la región Centro, a pesar de haber tenido un aumento de actividad del 1,5% en los primeros siete meses, enfrenta un desempleo del 10% y una reducción de 1,1 puntos en la tasa de empleo, con el Gran Rosario experimentando la situación más crítica con un 11,5% de desempleo.
Durante el debate parlamentario, la creación de empleo fue uno de los principales argumentos del oficialismo. En febrero, la Oficina del Presidente enfatizó que la modernización de las leyes laborales permitiría generar empleo genuino, reducir la litigiosidad y ofrecer mayor previsibilidad a las empresas. Bullrich defendió la medida en el Senado al indicar que superaría un sistema que, en su opinión, desincentivaba las contrataciones. En contraste, Recalde argumentó que una mera modificación de las condiciones laborales no puede generar empleos si no hay una recuperación sostenida de la actividad económica, sosteniendo que “cuando la economía funciona, cuando hay actividad económica, con derechos, también crece”.
