Los candidatos propuestos por el Gobierno libertario para integrar la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, defenderán sus postulaciones en audiencias públicas que realizará la comisión de Acuerdos del Senado el 21 y 28 de agosto próximos, respectivamente.
Para activar estos plazos primero se publicarán, el 19 y 22 de julio, los edictos correspondientes con la convocatoria a las audiencias públicas. En tanto, el período de presentación de impugnaciones correrá desde el 23 y hasta el 29 del corriente mes.
Lijo fue postulado para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco en octubre de 2021, cuando renunció. En tanto, García-Mansilla es candidato para el puesto que dejará vacante en diciembre próximo Juan Carlos Maqueda, que llegará a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado del máximo tribunal de justicia del país.
En el texto remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara alta se destacó que -como se cumplió con el procedimiento de preselección- para el Gobierno “resulta obligatorio propiciar la cobertura de los cargos en cuestión”. Se trata del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que establece el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema.
Además se enfatizó en la importancia de “contar con un tribunal completo, especialmente en un contexto donde cada decisión requiere el consenso de al menos tres miembros”, por lo que las designaciones representan lo que el Gobierno considera como “un paso crucial para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema judicial argentino”.
En la primera etapa de presentaciones, el juez federal Lijo sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo a un informe que preparó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Por su parte, García-Mansilla recogió 3.129 avales y 110 observaciones.
La comisión encargada de llevar a cabo las audiencias es la de Acuerdos, que comanda la legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires). También la integran los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti (Mendoza, vicepresidenta), José Mayans (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Juliana di Tullio (Buenos Aires), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan) y Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Santiago del Estero).
Del lado de la oposición “dialoguista” se encuentran en la comisión, además de la macrista Tagliaferri, Beatriz Ávila (aliada PRO, Tucumán); los radicales Martín Lousteau (Ciudad de Buenos Aires), Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Mariana Juri (Mendoza) y Carolina Losada (Santa Fe); los peronistas disidentes Juan Carlos Romero (Salta) y Carlos Espínola (Corrientes); y el misionero renovador -no massista- Carlos Arce. El único oficialista es el jefe de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy).
En total son 17 integrantes. La eventual firma de dictámenes de mayoría sería distinta en estos casos en comparación con otros temas, ya que los pliegos en cuestión atraviesan de manera horizontal a varios bloques, con legisladores que apoyan o rechazan -sin blanquear aún, salvo un par de casos- a los candidatos.
Con la inminente publicación de las fechas de audiencias públicas -en dos medios masivos de comunicación impresa- habrá siete días corridos de impugnaciones y/o adhesiones -presencial o en una web designada para el caso-; tres días de análisis de la comisión sobre qué girar o no a los candidatos; y tres días para que respondan los postulantes.
Con todas esas fases concretadas, se esperarán a la audiencias en cuestión y los eventuales dictámenes. En caso de obtenerlos, a partir de los siete días será el turno del recinto, donde se necesitarán dos tercios de los votos de los presentes. Para esta instancia serán claves las potenciales ausencias que puedan darse ese día. En caso de asistencia perfecta -72-, cada uno de los postulantes precisará 48 voluntades.
