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La Armada aparta a los implicados en la investigación de corrupción por sobresueldos

17 septiembre, 2026
in Política
La Armada aparta a los implicados en la investigación de corrupción por sobresueldos
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El almirante Juan Carlos Romay, Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, ha decidido separar de sus funciones a los individuos involucrados en una investigación interna que reveló una red de corrupción en la liquidación de sueldos. Entre los apartados se encuentran el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, ocho capitanes de corbeta y un suboficial.

La indagación se inició en febrero de 2026, cuando durante la revisión de los haberes de enero se descubrió que cinco agentes del Departamento Revista habían recibido suplementos que no les correspondían, según los hallazgos de la revisión.

A raíz de este episodio, se implementaron controles adicionales y se decidió auditar períodos anteriores. Este ejercicio permitió detectar inconsistencias entre lo que se había liquidado realmente y los lotes de pago preparados para ser enviados al Banco de la Nación Argentina. La información sobre estas irregularidades fue corroborada por fuentes del sector.

El relevamiento llevó a identificar 23 beneficiarios y 645 acreditaciones, totalizando un monto histórico de $981.148.567,88.

La seriedad de los hechos expuestos en el sumario, que podrían configurar un delito, impulsó la presentación de una denuncia ante el juzgado federal N°2 de Sebastián Ramos. Esto se dio el miércoles, según lo informado por fuentes relevantes.

Simultáneamente, la investigación militar avanza con la constitución de un Consejo de Disciplina, un órgano administrativo colegiado encargado de juzgar faltas graves cometidas por el personal militar. Este consejo evaluará la conducta ética y profesional de los implicados y el posible quiebre de la cadena de mando, con el fin de establecer sanciones internas que podrían ir desde arrestos rigurosos hasta la destitución definitiva.

Este órgano garantiza el derecho de defensa de los involucrados, quienes podrán designar un abogado defensor ante las acusaciones de faltas disciplinarias. Se conforma por tres miembros titulares: el presidente, que es el jefe de estado mayor de la Armada, y dos vocales de grado o antigüedad inmediata superior, además de un secretario del tribunal, que es un oficial de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Armada.

El caso en cuestión presenta fundamentos suficientes para calificar conductas como faltas graves o gravísimas, lo que podría resultar en la destitución de los implicados.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, en declaraciones públicas, intentó desvincular la responsabilidad de la institución de la actuación individual de los sumariados. “Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”, afirmó.

El ministro también mencionó la instrucción dada al almirante Romay para que se tomen las medidas necesarias y que, a través del Consejo de Disciplina, los involucrados pasen a ser destituidos.

El Edificio Libertad, donde tiene sede la Armada, se encuentra conmocionado por este escándalo de sobresueldos que también involucra a familiares de miembros de la fuerza.

Un aspecto destacado dentro del expediente judicial es el caso de María del Carmen Prieto, quien, según la denuncia presentada por la Armada, recibió el monto más significativo entre los 23 beneficiarios identificados. Prieto es cónyuge del capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien lideraba el Departamento Revista. Ella habría recibido 46 acreditaciones por un total de $152.259.495,86.

Este vínculo familiar es uno de los elementos que, según se detalla en la denuncia, permitió establecer una conexión entre el responsable del área y una de las principales beneficiarias de las operaciones bajo investigación.

En el marco de la investigación interna del Legajo Disciplinario, al ser interrogado sobre las acreditaciones realizadas a personas ajenas a la Armada, Atanasoff admitió conocer dichas operaciones y declaró que las acreditaciones se realizaban de manera manual.

La pesquisa federal deberá determinar si las alteraciones en archivos, las acreditaciones, los beneficiarios y las decisiones atribuidas a ciertos funcionarios constituyen delitos, así como identificar a los responsables.

Como parte de las pruebas presentadas por la Armada, se incluyeron informes elaborados por la Jefatura de Administración Financiera, un relevamiento de liquidaciones y acreditaciones, actas relativas a los equipos informáticos, detalles de las irregularidades detectadas y documentación proporcionada por el Banco Nación.

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