El Gobierno anunció que les tomará un “examen de idoneidad” a 40 mil trabajadores estatales para definir su continuidad.
La evaluación se realizará en diciembre, será de manera online y estará destinada a aquellos trabajadores de planta transitoria y contratados a los que se les termina el contrato a fin de año.
El portavoz del presidente explicó que el examen se realizará de forma virtual “para que no haya subjetividad en el proceso” y detalló que para que los contratos sean renovados “van a requerir que este examen esté aprobado”.
En paralelo, aclaró que aún no están definidos cuáles serán los “criterios de idoneidad”. “Entiendo que la idoneidad será evaluada en puntos elementales para cumplir las tareas de cada puesto”, indicó.
El vocero presidencial también adelantó que la formulación de la evaluación será “un trabajo en conjunto entre varias áreas” y que desde diciembre se realizarán “alrededor de 2.000 exámenes por día”.
“La gente que se contrate a partir del 1° de enero también va a tener que pasar por estos exámenes y va a ser una práctica habitual en el estado nacional, tanto en las personas que ya tienen contrato como en las que pueden ser contratadas”, agregó Adorni.
Desde el Gobierno detallaron que el examen será “un requisito necesario, pero no suficiente” y aclararon que la renovación del contrato luego se definirá “por los parámetros usuales”.
“Esto está establecido en la Ley Bases en el marco del decreto reglamentario del empleo público”, explicó el vocero presidencial este jueves en su habitual conferencia de prensa.
A su vez, aclaró que “las personas con discapacidades no van a participar del examen en primera instancia, ya que los sistemas requieren una adaptación adicional”.
Por otra parte, Manuel Adorni anunció que el Gobierno “ha decidido poner en manos del sector privado la gestión para operar y mantener las rutas concesionadas” que, en su mayoría, están a cargo de Corredores Viales S.A. “Esta empresa tiene un déficit de 30 millones”, señaló.
“Cualquier empresa nacional o internacional podrá participar de la licitación, es una apertura inédita hacia la transparencia”, dijo el portavoz presidencial sobre la decisión del Gobierno.
Al mismo tiempo, detalló: “Las empresas concesionarias van a cobrar la tarifa de adjudicación recién una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones. Se estima que el estado tendrá un ahorro de 5.600 millones de dólares”.
