Durante los meses de mayor frío, la producción nacional no es suficiente para satisfacer la demanda, lo que obliga a Argentina a recurrir a la importación de GNL a través de buques para abastecer tanto a industrias como a distribuidoras y centrales térmicas. Este combustible se destina principalmente a usinas eléctricas y a la producción manufacturera, sectores que enfrentan costos considerablemente más altos en comparación con el gas local.
Recientemente, la Secretaría de Energía decidió no avanzar con la oferta de la empresa española Naturgy, la cual se encargaba de la importación y comercialización del GNL durante el invierno. La propuesta incluía un esquema integral con un precio de US$4,51 por millón de BTU, cifra que el Gobierno consideró demasiado alta.
La decisión se fundamentó en una estimación previa de Enarsa, la empresa pública encargada de la gestión del gas por más de dos décadas, que había previsto un costo de aproximadamente US$3,50 por millón de BTU relacionado con la regasificación, logística y entrega del combustible.
Sin embargo, en la subasta realizada recientemente en el Mercado Electrónico del Gas (Megsa), Enarsa estableció ese costo en US$5,16 por millón de BTU, un incremento del 47% respecto a la referencia inicial, que también se suma al precio internacional del GNL, ya agravado por el conflicto en Medio Oriente. Este aumento afecta directamente el costo final del gas importado que utiliza el sistema energético durante el invierno.
El incidente ha expuesto a las autoridades gubernamentales: decidieron no seguir adelante con un acuerdo de privatización al considerarlo caro, solo para enfrentarse a un precio aún mayor bajo la gestión estatal. También ha suscitado tensiones en el ámbito energético, donde algunos han cuestionado la discrepancia entre los costos utilizados inicialmente para descartar la propuesta privada y los precios finales resultantes de la subasta.
“La realidad es que hace 20 días Enarsa pasó una nota a la Secretaría de Energía diciendo que el costo era uno. Nosotros tomamos la decisión de no avanzar con la privatización porque era más cara. Pero hizo la licitación y el sobrecosto era mayor al que habían pasado inicialmente”, comentó una fuente oficial involucrada en el proceso.
Fuentes vinculadas a la compañía han rechazado la idea de que haya existido descoordinación con el área energética, asegurando que el procedimiento fue consultado previamente con funcionarios del Ejecutivo antes de proceder con la subasta en Megsa. Además, argumentan que el costo de regasificación está sujeto a diversas variables y circunstancias.
