Desde el Ejecutivo, se enfatiza la importancia de preservar la relación con Chile, especialmente a raíz del compromiso de Kast de respaldar el reclamo argentino de soberanía y evitar que se apoye la explotación petrolera británica en las islas. Sin embargo, reconocen que aún no se han tomado decisiones concretas respecto a los pasos a seguir si la operación comercial se materializa. “Queremos evitar un conflicto con Chile, pero si hay que actuar, lo haremos”, indicaron voces en el ámbito nacional.
La precaución del Gobierno también está enmarcada por su interpretación política sobre la situación. En ciertos sectores de la administración se piensa que hay intereses externos intentando provocar una respuesta argentina antes de que zarpe el buque. Se sostiene que una protesta anticipada podría desencadenar una confrontación con el país vecino, incluso antes de que se produzca una operación que comprometa el reclamo de soberanía.
Esta evaluación oficial contrasta con información proveniente de fuentes militares sobre los preparativos del servicio. Según se ha informado, el contrato para la operación del Danstar ya está cerrado y se prevé que la primera partida se realice entre el 10 y el 15 de noviembre. Además, la planificación incluye viajes periódicos, aproximadamente uno por mes, para abastecer a las islas. Estos datos aún carecen de confirmación oficial por parte del Gobierno argentino.
En el ámbito de Defensa, se señala que la Cancillería es la que se ocupa del asunto y que, hasta el momento, no existe una instrucción operativa para las Fuerzas Armadas. Los funcionarios explican que no desean transformar una controversia diplomática y comercial en un conflicto militar. La decisión sobre una posible respuesta argentina sigue sin definirse.
Uno de los aspectos más discutidos es la naturaleza de la carga que transportará el Danstar. El Gobierno argentino distingue entre el abastecimiento comercial habitual de las islas y el envío de materiales o equipamiento relacionados con el proyecto petrolero Sea Lion, promovido por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La Argentina considera ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que se realicen sin su autorización en el área en disputa.
La posible navegación por aguas territoriales argentinas también plantea un debate sobre el régimen de paso inocente, establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su artículo 19 estipula que el tránsito de embarcaciones extranjeras debe llevarse a cabo sin alterar la paz, el orden público o la seguridad del Estado ribereño. Sin embargo, el alcance de esta disposición en caso de que se transporten cargas destinadas a Sea Lion demanda una evaluación jurídica puntual.
Desde el ámbito militar se advierte que solo identificar el destino final del buque no es suficiente para determinar si hay una infracción. Lo crucial es si se transportan insumos relacionados con actividades que la Argentina considera ilícitas. Además, resaltan las dificultades para verificar el destino real de las mercancías, ya que un declaración de carga no garantiza que se conozca quién será el destinatario final.
El análisis también abarca el artículo 21 de la Convención, que atribuye al Estado ribereño la facultad de establecer regulaciones sobre el paso inocente en ciertas áreas, incluidas cuestiones aduaneras. Sin embargo, esta facultad no conlleva un permiso amplío para inspeccionar o detener cualquier buque extranjero; la implementación de controles dependerá de las circunstancias de navegación, normativas vigentes y competencias de las autoridades argentinas.
En este contexto, la Prefectura Naval Argentina también asume un rol relevante, con competencias de control y seguridad de la navegación en sus aguas. Fuentes militares sostienen que cualquier acción deberá respetar el derecho internacional y las atribuciones legales existentes, con una respuesta que dependerá de una definición de la Cancillería sobre la naturaleza de las infracciones que pudieran ocurrir.
El canciller Pablo Quirno declaró que Argentina no ha recibido notificación oficial sobre el viaje del buque chileno e hizo énfasis en el diálogo que sostiene con su contraparte de Santiago. Además, minimizó la posibilidad de convertir la operación de la empresa privada en un desacuerdo entre los gobiernos y subrayó los compromisos políticos asumidos por Kast.
Desde el lado chileno, el ministro de Defensa, Fernando Barros, defendió el derecho de las empresas privadas a llevar adelante actividades comerciales internacionales, resaltando la necesidad de actuar con prudencia ante la controversia. Al mismo tiempo, el embajador argentino en Santiago, Jorge Faurie, reiteró que los intercambios comerciales deben realizarse dentro de este marco y no modificar el compromiso chileno respecto al reclamo de soberanía argentina sobre las Malvinas.
La situación se da en un contexto donde el Ejecutivo argentino intensifica su estrategia diplomática y jurídica contra la explotación británica de recursos hidrocarburíferos. La Cancillería anunció que presentará un pedido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas cautelares relacionadas con el desarrollo del proyecto Sea Lion. Esta iniciativa forma parte de la ofensiva argentina contra actividades económicas no autorizadas en las aguas cuya soberanía se disputa.
Por ahora, la Casa Rosada se mantiene firme en la decisión política de evitar una protesta anticipada y en continuar con los canales diplomáticos abiertos con Chile. El próximo momento clave será la realización del viaje que se prevé para noviembre, así como la información disponible sobre la carga, la ruta y su posible implicación en el proyecto Sea Lion. Desde el Ejecutivo aseguran que no descartan actuar si se comprueba una actividad que contradiga la posición argentina, pero buscan evitar que la controversia desplace el foco del reclamo de soberanía ante el Reino Unido hacia un enfrentamiento con el país vecino.
