En una declaración emitida el 23 de abril, la entidad señaló que, a pesar de los cambios realizados por la Constitución de 1994, como la creación del Consejo de la Magistratura y la implementación de concursos públicos, todavía persisten prácticas de discrecionalidad política en los nombramientos.
“El resultado no alcanzó las metas pretendidas”, afirmó el CPA, haciendo hincapié en que en numerosas ocasiones las afinidades políticas han prevalecido sobre los criterios objetivos, tales como la formación académica, la trayectoria profesional y las publicaciones especializadas.
En este contexto, la organización mostró su apoyo a un nuevo reglamento impulsado por la Corte Suprema que tiene como objetivo limitar la “selección a dedo” y priorizar el conocimiento jurídico, así como la capacidad de discernimiento en la aplicación del derecho.
El documento también sugiere que estos criterios se apliquen a los cargos inferiores dentro del Poder Judicial, considerados como el ámbito formativo para los futuros magistrados.
Para el CPA, mejorar los mecanismos de selección es fundamental para restaurar la confianza del público en la Justicia. “No hay reforma institucional que pueda prescindir de la calidad de los funcionarios que la encarnan”, declararon.
La entidad pidió al Consejo de la Magistratura que trate esta propuesta “con la seriedad y la urgencia” que, según indicaron, exige la sociedad.
