El costo fiscal de la baja de retenciones al agro será de US$ 800 millones, según estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto equivale al 0,13% del PBI y algo más de la mitad del superávit financiero que la administración pública nacional tuvo en el año 2024.
Según IARAF (Instituto Argentina de Análisis Fiscal), el costo fiscal de la decisión no se financiará con una sola vía. Y para mensurar la dimensión del costo señalaron el impacto que tendrían en las distintas cuentas públicas.
El costo representa el 42% del resultado fiscal de 2024, el 1,4% de los ingresos no coparticipables, del 0,8% de los ingresos tributarios coparticipables y no coparticipables, del 0,8% del gasto público primario, del 11,5% en subsidios a la energía, del 29% en relación al déficit operativo de empresas públicas, del 33% de la inversión real directa y del 47% de las transferencias no automáticas totales a provincias y CABA.
La decisión regirá desde 27 de enero hasta el 30 de junio próximo, e incluirá al maíz, trigo, girasol, soja y sus derivados. La iniciativa oficial incluye la eliminación permanente de gravámenes para las economías regionales que tenían retenciones desde el 2,5% hasta el 5% como máximo, entre las que estaban el azúcar, algodón y arroz, en un contexto de precios internacionales bajos y alta carga tributaria.
Las alícuotas de los derechos de exportación a la soja bajarán de 33% a 26%; las de los derivados de la soja se reducirán de 31% a 24,5%; en el caso del trigo la baja irá del 12% a 9,5%; en la cebada de 12% a 9,5%; para el sorgo será de 12% a 9,5%; para el maíz de 12% a 9,5%; y en el caso del girasol irá de 7% a 5,5%.
