No obstante, fuentes oficiales subrayaron la confianza del Ejecutivo en que la Corte Suprema desestimará el caso, lo que podría resultar en una decisión definitiva en Estados Unidos a finales de este año, luego de un análisis que debería durar entre dos y tres meses. Si se confirma esta decisión, se daría por finalizado un largo proceso judicial que comenzó en 2015, relacionado con la expropiación de la petrolera nacional, que enfrenta una demanda de US$16 mil millones.
Esta perspectiva del Gobierno coincide con las evaluaciones de Burford, que, al presentar sus resultados trimestrales a sus accionistas, reconoció que “la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”. Esto se debe a que la Corte estadounidense examina entre 70 y 100 casos anuales, todos de interés federal.
Sin embargo, las autoridades mantienen una actitud cautelosa, dado que el proceso sigue abierto ante la posibilidad de un reclamo de Burford en el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. En este contexto, el fondo inglés había mencionado previamente que “el arbitraje es un proceso que dura varios años (un caso promedio en el Ciadi toma 4,4 años), pero es totalmente capaz de alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia de Estados Unidos”. Además, apuntó que en dicho tribunal, el 86% de las 51 demandas arbitrales presentadas contra Argentina resultaron favorables para los inversores.
Por otro lado, tras el fallo positivo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York el martes pasado, la Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Sebastián Amerio, destacó que “la decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por parte del pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.
Mientras tanto, el equipo legal del Estado prosigue con otras causas pendientes, como el litigio por el Cupón PBI en Londres, que involucra 1330 millones de euros. A su vez, el Gobierno espera la aprobación del Congreso para avanzar con el acuerdo de US$171 millones con los fondos Bainbridge y Attestor relacionado con el default de 2001, que será tratado este jueves en el Senado.
