Hoy se espera una masiva movilización estudiantil cuyo lema principal es “en defensa de la universidad pública”. Un reclamo legítimo frente a los recortes que impone el Gobierno nacional. Sin embargo, la adhesión de distintos sectores políticos amenaza con desnaturalizar el reclamo y pueden favorecer al Gobierno.
Es que mientras los protagonistas de la marcha universitaria fueran solamente las autoridades de las casas de altos estudios y los respectivos alumnos de cada facultad, el Gobierno no tenía mayor opción que quedar a la defensiva.
La universidad pública es uno de los sectores más valorados por la clase media, donde se formaron la mayoría de los actuales profesionales, sus hijos e hijos de los trabajadores que jamás tuvieron chances de estudiar. La universidad pública es una de las pocas instituciones que favorece el ascenso social.
Sin embargo, el panorama cambió.
En un primer momento, se planteó el reclamo presupuestario, pues las casas de estudio funcionan con el presupuesto 2023 que fue aprobado en octubre de 2022. La inflación galopante y el congelamiento de recursos hacen necesaria una actualización urgente.
Durante la semana pasada, desde el Gobierno anunciaron que hubo un acuerdo para aumentar el 70% del presupuesto de funcionamiento en marzo y otro aumento del 70% para mayo. Sin embargo, tanto el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desmintieron el acuerdo y aseguraron que se trató de una decision unilateral.
Al tire y afloje entre las autoridades universitarias y los funcionarios de los ministerios, se le sumó que algunas universidades del conurbano que participan de la movilización están ligadas al kirchnerismo. En algunos de esos sectores se detectaron casos de corrupción, que deberían ser investigados por la Justicia.
Pero un dato es cierto: la corrupción no es el común denominador de toda la universidad e, incluso esos centros le acercaron a miles de jóvenes del conurbano la posibilidad de acceder a estudios que antes le parecían lejanos.
El verdadero debate universitario debería tener que ver, no con recortes presupuestarios, sino con la asignación correcta de fondos, con adecuar los programas a las necesidad del siglo XXI y con favorecer la incoporación de miles de egresados al mundo laboral, para evitar que esos cerebros busquen mejores horizontes en el exterior.
Por el contrario el debate se pauperizo. Más plata versus corrupción.
Sumado a esto, en las últimas horas hay varias organizaciones políticas que anticiparon que participarán de la movilización. Se trata de La Cámpora, partidos de izquierda, un sector de la UCR, las dos CTA y la CGT.
De esta manera es que la marcha toma un tinte político que el Gobierno busca aprovechar para decir que no se trata de una protesta genuina por parte de los estudiantes, sino que está impulsada por la oposición.
Toda la situación es aprovechada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ya adelantó que la Policía Federal está habilitada para llevar adelante el “protocolo antipiquetes” en caso de que fuese necesario.
Pero se equivoca el Gobierno si desconoce el valor de la universidad y su valoración para la sociedad argentina.
