La situación contrasta con los planes de expansión que la empresa había anunciado poco más de un año antes, cuando abrió sus oficinas en Buenos Aires y señaló que la Argentina podía convertirse en uno de sus principales centros de desarrollo tecnológico. En ese momento, la compañía contaba con unos 850 profesionales en el país y proyectaba seguir contratando.
Esta semana, el Banco Central del Paraguay dispuso el proceso de resolución de Ueno Bank por el deterioro de sus indicadores de solvencia y presuntas irregularidades en operaciones con empresas vinculadas. Desde entonces, la actividad del centro tecnológico argentino quedó atravesada por la incertidumbre. Durante los primeros días de la crisis, los empleados dejaron de recibir instrucciones y respuestas de sus superiores, aunque siguieron conectados a los sistemas de trabajo a la espera de novedades.
“Hubo un silencio total. Literalmente, dejaron de responder desde Recursos Humanos hasta el directorio. Ni siquiera los responsables de los equipos sabían qué estaba pasando. Nosotros seguíamos conectados para que no pudieran decir que habíamos abandonado nuestros puestos de trabajo”, relató un empleado de la compañía, cuya identidad se mantiene en reserva.
Este jueves por la mañana, la empresa empezó a informar al personal sobre las medidas adoptadas. Algunos trabajadores recibieron correos que les comunicaban una suspensión de 30 días sin goce de sueldo; a otros se les indicó que debían seguir prestando servicios de manera remota porque sus tareas fueron consideradas esenciales. Hasta ahora no se informó cuántos empleados quedaron en cada grupo.
En uno de los correos obtenidos, Kaitel SRL SEE, la sociedad mediante la que opera Itti en el país, atribuyó las suspensiones a una situación de fuerza mayor vinculada con la intervención de Ueno Bank. De acuerdo con la comunicación, las restricciones operativas y financieras afectaron los mecanismos habituales de financiamiento de la compañía y paralizaron temporalmente sus actividades. “Las restricciones operativas y financieras derivadas de dicha medida han afectado los mecanismos habituales de financiamiento de la Compañía, provocando la paralización temporal de sus actividades”, señala el mensaje.
Las suspensiones regirán desde el 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre, inclusive. Durante ese período, los trabajadores afectados no cobrarán sus remuneraciones. Para fundamentar la decisión, la empresa invocó los artículos 218, 219 y 221 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regulan las suspensiones laborales y las situaciones de fuerza mayor. Aclaró, sin embargo, que los vínculos laborales seguirán vigentes y que los empleados deberán reincorporarse el 5 de diciembre, salvo que reciban una notificación en sentido contrario. También se comprometió a mantener la cobertura de medicina prepaga para los trabajadores y sus grupos familiares.
En cambio, a otro grupo de empleados se le comunicó que debía continuar trabajando, porque sus tareas son esenciales para atender necesidades operativas y administrativas. En esos casos, las funciones deberán cumplirse exclusivamente desde los domicilios. La compañía reconoció, no obstante, que todavía no cuenta con los recursos necesarios para pagar los sueldos de octubre y que tampoco tiene asegurado el pago de noviembre.
En el correo dirigido a quienes seguirán activos, Kaitel afirmó que realiza gestiones para obtener fondos y regularizar las remuneraciones pendientes. “La Compañía se encuentra realizando todas las gestiones y esfuerzos a su alcance para obtener los recursos económicos necesarios que permitan afrontar el pago de los salarios correspondientes al mes de octubre”, indica el mensaje. Sobre noviembre, añade que continuará procurando reunir los fondos para garantizar el pago de los salarios.
La contratación y el pago de los empleados tienen, además, una particularidad. Según la información reconstruida, una parte de las remuneraciones se abonaba en el país, con los aportes y las cargas sociales correspondientes, mientras que otra se pagaba mediante Deel, una plataforma internacional para contratar y remunerar trabajadores. El esquema abre interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales si la crisis termina con un cierre definitivo de las operaciones.
“Nosotros cobrábamos a través de Ueno Bank. No nos pagaron octubre, no nos van a pagar noviembre y tampoco sabemos qué va a pasar con el aguinaldo o las indemnizaciones. Estamos en la lona”, resumió el empleado.
En Paraguay, el Ministerio de Trabajo comenzó a intervenir para atender la situación de los empleados afectados por la crisis bancaria y la de las empresas vinculadas. En la Argentina, en cambio, todavía no hay precisiones sobre el pago de los ingresos pendientes ni sobre la continuidad de los puestos de trabajo.
De la expansión a la incertidumbre
La trayectoria reciente de Itti en la Argentina refleja el brusco cambio de escenario que atravesó el grupo empresarial paraguayo. En agosto de 2025, la tecnológica inauguró sus oficinas en una torre de la avenida del Libertador, a la altura de Juramento, en el barrio porteño de Belgrano. El espacio, de unos 1500 metros cuadrados y con capacidad para más de 250 personas, fue diseñado para que los empleados alternaran entre el trabajo presencial y el remoto. Hasta entonces, buena parte de los profesionales contratados en el país trabajaba exclusivamente desde sus casas.
La apertura buscaba afianzar la presencia local de la compañía y respaldar sus planes de crecimiento regional. Durante una entrevista realizada con motivo de la inauguración, Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez, explicó que Itti era la compañía con más trabajadores del conglomerado: cerca de 3000 de un total de 5300 empleados. También destacó que la Argentina se había convertido en un centro estratégico para el desarrollo tecnológico del grupo, luego de experiencias con proveedores y equipos de otros países.
Vázquez señaló entonces que en Buenos Aires operaban los equipos de desarrollo del banco, experiencia de producto y ciberseguridad. Además, resaltó la calidad de los profesionales argentinos y el costo conveniente de contratarlos en el país. La operación local funcionaba como un centro de servicios para las empresas del grupo en Paraguay y no estaba orientada al mercado argentino. César Astigarraga, presidente de Itti, había dicho durante la inauguración que todavía no había planes para ofrecer servicios a clientes locales.
La expansión parecía avanzar con rapidez. La compañía siguió incorporando profesionales hasta llegar a una dotación cercana a las 1200 personas. Ese crecimiento, sin embargo, también generaba dudas entre los propios trabajadores. “Contrataban a manos llenas. Había gente que ingresaba y pasaba dos meses sin tener trabajo asignado. Era crecer y crecer. Nosotros pensamos que fue una empresa que creció de más”, describió el empleado.
La primera señal de un cambio de rumbo apareció a fines de agosto de este año, cuando la empresa inició una reducción de personal que, según los testimonios recogidos, alcanzó a unas 200 personas. En ese momento, los empleados no recibieron explicaciones claras sobre las desvinculaciones. Dos meses más tarde, la crisis de Ueno Bank terminó por repercutir en la operación argentina y dejó en la incertidumbre a quienes seguían en la compañía.
La crisis en Paraguay
Itti integra el Grupo Vázquez, conglomerado paraguayo que también controla Ueno Bank y tiene actividades financieras, tecnológicas, comerciales y agropecuarias. El banco era uno de los principales clientes de la tecnológica, que intervenía en el desarrollo y mantenimiento de sus sistemas, aplicaciones e infraestructura digital. Ese vínculo explica por qué la crisis financiera también afectó a los empleados que trabajaban desde la Argentina.
El martes, el Banco Central del Paraguay inició el proceso de resolución de Ueno Bank tras constatar que su índice de solvencia había bajado al 5,56 por ciento, menos de la mitad del mínimo regulatorio, fijado en el 12 por ciento. La entidad concentraba alrededor del 9 por ciento de los depósitos del sistema financiero paraguayo y tenía unos 2,9 millones de clientes, que en un primer momento quedaron sin acceso a sus fondos.
Ante la magnitud de la crisis, el Congreso paraguayo aprobó una modificación de la ley de garantía de depósitos, promulgada el miércoles por el presidente Santiago Peña. La nueva norma permite adelantar a los ahorristas afectados pagos de hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a unos 121,7 millones de guaraníes. El Banco Central anunció que este jueves comenzaría a notificar a los depositantes para iniciar las acreditaciones mediante otras entidades financieras. El procedimiento establece un plazo máximo de cinco días hábiles para completar los anticipos correspondientes.
